El panorama de la dependencia en Galicia ha experimentado un cambio notable hacia la mejora, según los datos más recientes publicados el 16 de enero. A finales de 2025, el número de personas en lista de espera en la comunidad autónoma se ha reducido considerablemente a 1.464, lo que representa una disminución del 45,6% en comparación con el año anterior, donde la cifra era de 2.692. En el contexto nacional, la disminución se sitúa en un 18,4%, con 152.693 personas todavía a la espera de atención.

El informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, señala que esta reducción incluye a aquellos solicitantes que llevan más de seis meses en espera de una resolución, ya sea para el grado de dependencia, su grado reconocido sin prestación, o aquellos que cuentan con una prestación en trámite.

A pesar de los avances, Galicia aún ocupa el sexto lugar a nivel nacional en términos de tiempo de espera, con un promedio de 324 días desde la solicitud hasta la resolución de la prestación. Aunque este tiempo sigue superando el plazo legal establecido, es un avance frente a los 386 días del año anterior. Sin embargo, se encuentra por debajo de la media nacional, que ha visto un aumento de 334 a 341 días en el último año.

Al observar las diferentes comunidades autónomas, Ceuta se destaca como la que presenta el tiempo de espera más corto (82 días), seguida por Castilla y León (113 días) y País Vasco (129 días). En contraste, las comunidades con mayor tiempo de espera son Murcia (559 días), Andalucía (496 días) y Canarias (430 días).

Los datos más específicos para Galicia revelan que el tiempo de espera es de 166 días entre la solicitud y la resolución del grado, y de 154 días desde esta resolución hasta la efectividad de la prestación. La media estatal supera estos plazos, alcanzando los 255 días para la resolución de grado y 66 días para la efectividad de la prestación.

Además, el número de beneficiarios con prestaciones efectivas ha crecido un 22,6% en Galicia, alcanzando las 92.878 personas, lo que representa la segunda mejor cifra del país, solo superada por Canarias. En un contexto más amplio, este incremento se ha reflejado en toda España, donde el total de beneficiarios ha aumentado en un 9,4%, sumando 141.151 nuevos casos.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, mencionó en una reciente rueda de prensa que estos datos se enmarcan dentro de un notable aumento en las solicitudes, que han crecido un 7,4% a nivel nacional en el último año, y un 17,9% en Galicia, con 100.525 nuevas solicitudes. Esta situación se ve impulsada por el aumento de población en edad de dependencia, conocida como la "generación del baby boom".

Martínez enfatizó la necesidad de reforzar la capacidad del sistema para abordar los desafíos demográficos y sociales que se presentarán en los próximos años, resaltando que "el crecimiento y la transformación del sistema de dependencia requieren un ajuste continuo en el diseño de las políticas públicas y su financiación".

En este contexto, se valoran positivamente las reformas recientes en las leyes de Discapacidad y Dependencia, que han avanzado en el Congreso y se encuentran ahora en fase de negociación. Un reto importante es el que enfrentan los profesionales del sector, donde se anticipa una demanda de 260.000 trabajadoras adicionales para 2030.

Para enfrentar este desafío, Martínez anunció que el Gobierno está desarrollando un real decreto sobre Formación Profesional, con el objetivo de facilitar el acceso al sector a mujeres que estén realizando cuidados en el ámbito informal, pero que no cuentan con una acreditación formal.

Por otro lado, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado datos que elevan a 258.167 el número de personas en espera de atención en dependencia, incluyendo a quienes llevan menos de seis meses en espera. Esta cifra pone en relieve la situación crítica que enfrenta el sistema.

La Asociación ha calificado de "cruel" la forma en que el Ministerio de Derechos Sociales limita su estadística a quienes esperan más de seis meses, argumentando que todas estas personas han solicitado ser valoradas y atendidas por su situación de dependencia, y merecen recibir el apoyo al que tienen derecho.