En una destacada operación que refleja los desafíos actuales en el ámbito de la inversión y la protección del consumidor, la Policía Nacional ha desmantelado un complejo entramado en A Coruña y Madrid que presuntamente ha estafado a pequeños inversores por más de 7,7 millones de euros.

Según el comunicado emitido por el Cuerpo, se han efectuado seis detenciones relacionadas con la captación de fondos a través de un engañoso sistema de micromecenazgo que involucraba restaurantes y viviendas de alquiler turístico. Este esquema, que prometía elevadas rentabilidades, se ha traducido en un notable perjuicio para los involucrados.

Los investigadores han identificado a 63 víctimas directas, aunque se estima que hasta 800 personas podrían haberse visto afectadas. De manera alarmante, el fraude también incluye un desfalco superior a un millón de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que resalta la gravedad del caso.

La investigación, que comenzó en 2024, surgió cuando agentes de la UDEF se sensibilizaron ante las denuncias de ciudadanos que habían sido engañados bajo promesas de rendimiento financiero a través de plataformas de crowdfunding.

Los responsables del esquema utilizaban una estrategia agresiva de marketing en redes sociales y en los propios locales para atraer a los inversores. Sin embargo, la realidad era muy distinta: las ganancias prometidas rara vez se materializaban, y aquellos que solicitaban información se encontraban frecuentemente con evasivas o se les reubicaba en otros proyectos engañosos.

Las investigaciones revelaron que las aportaciones de los inversores se desviaban de los fines declarados, y muchos proyectos eran abandonados prematuramente bajo justificaciones de fracasos económicos ficticios. La aparente solidez del negocio se sustentaba en informes manipulados que distorsionaban la verdad.

A lo largo de la indagación se descubrió que el grupo mantenía un complejo sistema de transferencias a través de más de 40 cuentas bancarias, con el propósito de dificultar el seguimiento de los fondos, que finalmente eran utilizados para financiar gastos personales del principal implicado.

Las estimaciones del monto defraudado han alcanzado los 7,7 millones de euros en el periodo entre 2022 y 2024, mientras que el fraude contra la Seguridad Social se eleva a más de un millón de euros, realizado a través de testaferros y la omisión deliberada de obligaciones laborales y fiscales.

El operativo culminó con un despliegue en A Coruña y Madrid, donde se arrestaron a seis individuos, tres en cada ciudad. En Galicia, los investigadores llevaron a cabo tres registros, incautando documentación clave, dispositivos electrónicos y un vehículo. Además, se bloquearon doce cuentas bancarias y se aseguró un inmueble valorado en 60.000 euros, apuntando a un esfuerzo enfocado en llevar justicia para los afectados.