En un nuevo giro del debate político en Galicia, los grupos parlamentarios han decidido, en una sesión celebrada este miércoles, solicitar al Gobierno español que aclare su posición respecto a las exigencias de la Comisión Europea sobre la extensión de la concesión de la AP-9. Este tema ha provocado el consenso entre el Grupo Popular y toda la oposición, quienes insisten en la necesidad de transferir la propiedad y las competencias de esta autopista al gobierno gallego para que se implemente la eliminación inmediata de los peajes.

Los parlamentarios han enfatizado que el Gobierno español debería presentar un informe detallado sobre su respuesta a los requerimientos europeos, así como un estudio que evalúe los costos del rescate de la AP-9 y la posibilidad de hacer gratuitos los peajes, que debería incluir las bonificaciones actuales vigentes hasta que finalice la concesión.

A pesar de que las dos proposiciones no de ley fueron discutidas por separado, los participantes lograron unir fuerzas, mostrando un respaldo mayoritario que cruzó las líneas partidarias, incluso ante las diferencias que surgieron durante los debates. La presidenta del Parlamento, no obstante, rechazó la solicitud del Grupo Socialista de agrupar los debates, lo cual permitió que ambas iniciativas se discutieran con un enfoque individual.

Roberto Rodríguez, representante del PPdeG, fue el encargado de defender las propuestas, durante las cuales criticó lo que consideró como la "desidia" del Gobierno de Sánchez en relación con la demanda de Galicia. Rodríguez señaló que tras múltiples prórrogas y aplazamientos en el trámite legislativo, la administración central no solo está negando la transferencia de la AP-9, sino también impidiendo que Galicia tenga voz en este tema crucial.

El diputado también denunció que los gallegos están sufriendo los peajes más altos de la AP-9 hasta la fecha y refutó las justificaciones del PSOE y el BNG, argumentando que las excusas vinculadas a la prórroga de 2000 ya no son aceptables, ya que ahora existen razones claras para considerar un rescate de esta infraestructura.

En relación a un estudio realizado por la Xunta, Rodríguez mencionó cifras que oscilan entre 1.612 y 2.355 millones de euros, dependiendo de diferentes métodos de cálculo, indicando que estos costos son comparables a los beneficios que podrían obtenerse si se lleva a cabo la rescisión de la concesión.

Durante el debate, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, expresó su apoyo a la gratuidad de la AP-53, que conecta Dozón y Santiago, y mencionó que se habían aprobado descuentos para esta autopista que entrarán en vigor próximamente.

El socialista Carlos López Font criticó la decisión de no agrupar las iniciativas, sugiriendo que se trataba de una estrategia del PP para captar atención mediática. Además, recordó que la responsabilidad de la situación actual de la AP-9 se debe a decisiones del Gobierno de Aznar, describiéndolas como una "estafa política" que perjudicó al interés público y costó miles de millones al erario público.

El parlamentario del BNG, Paulo Ríos, también se sumó a las críticas, argumentando que los diputados del PP en el Congreso no están realizando esfuerzos relevantes por la AP-9 y que su intentona por restar gravedad a la prorrogación de Aznar es un intento de ocultar un historial de desprecio hacia Galicia. Ríos enfatizó que la historia no debería ser olvidada y que en el futuro cada uno deberá asumir la responsabilidad de sus acciones.

La discusión evidencia la creciente frustración y la necesidad urgente de que el Gobierno español aborde de manera efectiva el tema de la AP-9, así como de proporcionar transparencia sobre los procedimientos y decisiones que afectan a esta vital infraestructura gallega.