La Comunidad gallega se posiciona en un contexto alentador al registrar la tercera tasa más baja de víctimas de violencia de género en el Estado español, con un índice de 13,9 mujeres afectadas por cada 10.000, superando la media nacional, que alcanza los 19,6.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 de diciembre. Este lunes se publicaron datos preocupantes, aunque con matices, sobre las denuncias por violencia de género en Galicia, que durante el tercer trimestre de 2023 llegaron a un total de 2.043. Esta cifra representa un aumento del 10% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que indica una tendencia preocupante en un tema tan delicado como es la violencia de género.

Durante los meses estivales, entre julio y septiembre, los juzgados de Galicia registraron un promedio de 22 denuncias diarias por violencia de género. La gran mayoría de estas denuncias, un total de 1.514, fueron realizadas directamente por las víctimas, lo que denota la valentía y determinación de las mujeres para dar un paso adelante y denunciar su situación, en contraste con el bajo número de denuncias interpuestas por terceros.

La intervención familiar, con 41 denuncias, así como 115 por partes de lesiones recibidos en el contexto de atención médica y 28 por servicios de asistencia, refleja el papel crucial que juegan diferentes actores en la detección y denuncia de esta problemática. Además, 345 denuncias fueron generadas a través de la intervención directa de las fuerzas policiales, lo que sugiere que la labor de estos cuerpos es fundamental en la protección y auxilio de las víctimas.

En el mismo trimestre, se observó un incremento del 5,5% en el número de mujeres víctimas de violencia de género, alcanzando un total de 1.958 frente a las 1.856 registradas en el tercer trimestre del pasado año. A pesar de este aumento, la tasa de violencia de género en Galicia se mantiene a la cabeza en términos de bajo impacto, quedando solo por detrás de La Rioja y Castilla y León.

Un dato significativo es que en el tercer trimestre se identificaron 12 menores tutelados que fueron víctimas de violencia de género, una cifra que también muestra una disminución respecto a los 17 registrados en el mismo periodo de 2022. Este aspecto subraya la importancia de proteger a la infancia que vive en entornos de violencia.

Los órganos judiciales, que incluyen juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de lo penal, emitieron en este tiempo un total de 498 sentencias en casos de violencia de género, de las cuales un 89% fueron condenatorias, un indicador de la respuesta efectiva de la justicia frente a estos delitos. Además, durante este período, los juzgados de menores juzgaron a cuatro individuos por delitos relacionados con la violencia hacia la mujer.

Un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también revela un descenso del 19,7% en los casos de mujeres que optaron por acogerse a la dispensa de obligación de declarar como testigos. En total, 110 mujeres eligieron este camino, una cifra inferior a las 137 del año anterior, lo que podría reflejar una variedad de factores, incluyendo el miedo o la desconfianza en el sistema judicial.

El análisis del periodo revela que se solicitaron 474 órdenes y medidas de protección ante los juzgados de violencia de la mujer, lo que representa un 9% menos que en el trimestre anterior. De las órdenes solicitadas, 320 fueron finalmente adoptadas, lo que equivale al 67,5% de los casos, mostrando que a pesar de las dificultades, el sistema sigue intentando brindar la protección necesaria.

Además, por parte de juzgados de guardia que no tienen competencia en violencia de género, se pidieron 130 órdenes de protección, de las cuales se acordaron 64. En 142 de los 474 casos, la relación de pareja se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección, un dato que evidencia la complejidad de las dinámicas de poder y afecto en estas situaciones de violencia.

Los órganos judiciales también tomaron medidas adicionales, acordando un total de 673 medidas judiciales penales de protección para mujeres y menores, siendo las órdenes de alejamiento y la prohibición de comunicación las más comunes. Es fundamental que los mecanismos de protección se mantengan y refuercen para garantizar que las víctimas tengan un entorno seguro mientras se desarrolla el proceso judicial.

Por último, se emitieron 145 medidas cautelares civiles, diseñadas para proteger a las mujeres y menores durante la tramitación de los procesos penales. Las más frecuentes incluyeron la atribución de la vivienda, la prestación de alimentos y la suspensión del régimen de visitas, reflejando así la necesidad de crear espacios seguros y de sostén para aquellos afectados por esta grave problemática social.