El 17 de julio, en Santiago de Compostela, dos organizaciones fundamentales del sector agrario gallego, Unións Agrarias (UU.AA.) y Sindicato Labrego Galego (SLG), han expresado su más enérgico rechazo a la reciente propuesta de la Comisión Europea que plantea un recorte superior al 20% en la asignación de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, considerándolo como un ataque directo al tejido agrícola.

Esta reacción se produce apenas un día después de que la Comisión revelase su propuesta para el nuevo marco financiero plurianual (MFP), que incluye una drástica disminución del 25% en la financiación destinada a la PAC, reduciendo el presupuesto de unos 400.000 millones a tan solo 300.000 millones a partir de 2027, lo que representa una seria amenaza para la sostenibilidad del sector.

Unións Agrarias ha estimado que este recorte significará una pérdida de aproximadamente 77 millones de euros anuales para Galicia, con alrededor de 40 millones menos destinados al primer pilar, que principalmente apoya a los productores de leche y carne, y unos 37 millones al segundo pilar, enfocado en la producción ecológica y la prevención forestal.

Ana Rodríguez, una destacada ganadera del sector lácteo y economista experta en la PAC, es cautelosa a la hora de hacer sus proyecciones, pero ha mencionado que, según la propuesta actual, la disminución para Galicia podría oscilar entre 50 y 100 millones de euros anuales, lo que agravaría la situación del sector.

Los líderes de ambas organizaciones han calificado este recorte como un "ataque" a la agricultura y la ganadería, y han instado a los partidos políticos a que se involucren activamente en la defensa de los intereses del sector, tal como señala UU.AA.

Roberto García, al frente de Unións Agrarias, se muestra esperanzado en que la Comisión reconsidere esta propuesta que, según afirma, podría comprometer seriamente la capacidad de Galicia para seguir invirtiendo en la agricultura y ganadería esenciales para la región.

Rodríguez añade que la reducción de recursos sin regulaciones adecuadas en el mercado podría amplificar las desigualdades entre los agricultores de distintos estados miembros de la UE, advertencias que también se hacen eco de la creciente preocupación por la seguridad alimentaria.

García lamenta que la tendencia sea priorizar la seguridad militar sobre el apoyo al sector agrario, desmantelando una política que ha sido crucial para el desarrollo rural europeo.

A pesar de tales críticas, ambos sindicatos sostienen que la propuesta todavía se encuentra en una fase preliminar de discusión política. García considera que, al llegar a su aprobación a finales de 2027, se espera que su contenido sufra modificaciones significativas, pues resulta difícil imaginar que el Parlamento Europeo, incluyendo a los grupos mayoritarios, acepte un recorte de tal magnitud.

Desde esta perspectiva, el líder de UU.AA. percibe esta propuesta como un "globo sonda", que en realidad establece una tendencia contraria a la recuperación del presupuesto necesario para una agricultura sostenible, afectando notablemente las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

En respuesta a la situación, el Sindicato Labrego Galego reafirma su compromiso de seguir luchando por una Política Agraria Comunitaria robusta y cohesionada, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los agricultores y de la ciudadanía en general, promoviendo un modelo agroecológico más sostenible.