En un acontecimiento que pone de relieve serias preocupaciones sobre la integridad en las fuerzas armadas, la Audiencia Provincial de A Coruña llevará a cabo este jueves, 3 de julio, el juicio de un grupo de militares implicados en un escándalo de narcotráfico en Ferrol. El caso involucra a varios individuos, a quienes la Fiscalía les solicita penas de más de cinco años de prisión por su participación en esta red de venta de cocaína.

El grupo de acusados se compone de ocho personas, entre ellas tres militares de la Armada colombiana que, en el año 2009, estaban involucrados en la distribución de cocaína a consumidores en la localidad costera de Ferrol. Este caso resalta la preocupación por el papel de miembros de las fuerzas armadas en actividades ilegales.

Las investigaciones llevaron a la policía a realizar registros en las residencias de estos militares en Narón, donde se encontraron diversos elementos incriminatorios. En esos operativos, se confiscaron sustancias ilegales valoradas en unos 380 euros, además de balanzas de precisión, efectivo y un arma de fogueo, que revelan la seriedad del asunto.

En el marco de esta investigación también se señala la implicación de otros cinco individuos, cuatro dominicanos y un español naturalizado, quienes habrían actuado como proveedores de las drogas que posteriormente comercializaban los militares. Su detención ha puesto de manifiesto una compleja red de tráfico que se extiende más allá de las fronteras locales.

Los registros en Lugo, específicamente en la Ronda das Fontiñas, dieron como resultado la confiscación de drogas con un valor que supera los 33.600 euros en el mercado, una cifra alarmante que evidencia el alcance de las actividades delictivas en la región.

En cuanto a las acusaciones, la Fiscalía busca imponer penas de más de cinco años a siete de los ocho investigados por delitos contra la salud pública relacionados con el tráfico de drogas. Sin embargo, uno de los acusados enfrenta una situación aún más crítica, con posibles ocho años de prisión, ya que también se le imputa un delito de falsedad por la falsificación de un documento de identidad.