Durante el juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña, se ha presentado un caso que ha sorprendido a muchos en la comunidad local, relacionado con una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio en Boiro, acusada de apropiarse de fondos públicos. Varios testimonios han revelado que los usuarios hacían los pagos directamente a la acusada, quien supuestamente manipulaba los registros para ocultar sus acciones.

Los hechos han sido debatidos en la segunda jornada de juicio, donde se ha descubierto que la funcionaria habría sustraído un total de 25.297,10 euros mediante la omisión de ciertos nombres del censo, lo que le permitió evitar que su malversación fuera detectada por las autoridades. Las declaraciones de familiares y auxiliares presentes en la sala han aportado detalles cruciales sobre el modus operandi de la acusada.

Testigos han indicado que era común hacer pagos en efectivo a la empleada pública, y se ha puesto de manifiesto que otros auxiliares asumieron ciertas responsabilidades en sus ausencias. Una trabajadora relató que, al intentar entregar un pago en nombre de un usuario, se encontró con obstáculos administrativos, mencionando que su experiencia fue complicada y que no se sentía segura al manejar esos fondos.

En medio de estas declaraciones, algunos testigos han resaltado su confianza en la accusada, quien se había ganado el aprecio de los usuarios por el servicio que brindaba. A pesar de las quejas sobre pagos solicitados que parecían excesivos o no acordados, la relación entre los usuarios y la acusada parecía estar marcada por la familiaridad y la camaradería.

Una usuaria, al recordar su experiencia, relató cómo la funcionaria le había insinuado la necesidad de pagar de una forma que le hizo sentir cómoda, aunque el proceso completo de manejo de estos pagos no estaba del todo claro para ella. En este contexto, se ha discutido la existencia de recibos que la acusada proporcionaba, lo que aparentemente legitimaba sus acciones ante los ojos de los usuarios.

Más testigos han accedido a declarar sobre la convenciencia de la acusada, mencionando que en ocasiones les pedía pequeñas cantidades adicionales en forma de propina. Sin embargo, este aparente acuerdo se ha visto entrelazado con la llamada que muchos usuarios sentían hacia el servicio, lo que complicaba aún más la percepción de la situación.

A medida que avanzan las audiencias, tanto la defensa como la fiscalía continúan explorando la complejidad de las relaciones entre la comunidad y la funcionaria. La dinámica que existía en el servicio ha revelado no solo cuestiones sobre la legalidad de las acciones de la acusada, sino también el espacio emocional que había generado en un entorno que debería ser de confianza y ayuda mutua.

Los testimonios, cargados de matices y testimonios personales, dibujan un retrato desconcertante de cómo la confianza puede ser exploitable en contextos donde las necesidades de apoyo son críticas. En este sentido, el juicio no solo se centra en las acciones de un individuo, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la ética en la administración pública y el papel de las relaciones interpersonales en la prestación de servicios esenciales.