El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha tomado una decisión importante en su último pleno, aprobando una propuesta de protección pública para Sargadelos, en la que el PP se opuso. Esta propuesta, impulsada por la concejala Mercedes Rosón, quien fue expulsada del PSOE, planteaba inicialmente la posibilidad de la "expropiación forzosa" de la conocida empresa, aunque Rosón ha optado por aceptar la alternativa de "protección pública" presentada por la concejala del BNG, Miriam Fernández Louzao.

Durante su intervención, Rosón destacó la rica historia y los valores intrínsecos a Sargadelos, argumentando que esos aspectos justifican la necesidad de una posible expropiación. El objetivo de esta medida sería asegurar la continuidad de la empresa y resguardar sus instalaciones que son parte del patrimonio cultural de la región.

En un contexto reciente, el administrador de Sargadelos, Segismundo García, se ha encontrado en medio de una controversia con la Inspección de Trabajo, que le abrió un expediente por problemas de seguridad en la fábrica de Cervo, en Lugo. Esta situación ha aumentado la preocupación sobre el futuro de la compañía.

“Si no se puede proceder con la expropiación, al menos asegurémonos de su protección”, expresó Rosón, señalando una aparente "falta de voluntad política" para avanzar en la expropiación. También hizo un llamado a reconocer la importancia de Sargadelos mediante la creación de una indicación geográfica protegida para sus productos artesanales e industriales, instando a que desde Santiago, la "cuna" de Isaac Díaz Pardo, se envíe un mensaje unificado de apoyo.

Desde el BNG, Fernández Louzao coincidió en la importancia de la propuesta, pero sugirió que el enfoque se debería centrar en "valorar la protección" en lugar de la expropiación forzosa, con el objetivo de encontrar la “fórmula más adecuada” a nivel legal y funcional.

En este contexto, Fernández Louzao enfatizó que la declaración de Sargadelos como bien de interés cultural (BIC) no puede convertirse en un simple trámite y pidió a la Xunta que asuma un papel proactivo para asegurar que esta calificación se traduzca en resultados tangibles.

Por su parte, el concejal del PP, Evaristo Ben, criticó duramente la propuesta, tildándola de "hipócrita" y "liberticida", motivo por el cual su grupo se opuso, aunque contó con el respaldo de Compostela Aberta. Denunció que se trata de un "paripé izquierdista" que no aborda la responsabilidad del gobierno central y cuestionó la legalidad de las acciones propuestas, insistiendo en que la situación en la planta ha vuelto a la normalidad.

Ben también planteó interrogantes sobre los límites de la expropiación, usando ejemplos variados desde equipos de fútbol hasta negocios locales. Su tono crítico reflejó una profunda desconfianza hacia las intenciones de los funcionarios que promueven la propuesta.

Rosón, lamentando la postura de Ben, reafirmó que la situación de urgencia persiste. En una reciente declaración, el propietario de Sargadelos admitió sentirse incapaz de cumplir con todas las normativas laborales relacionadas con la seguridad, seguido de alarmantes reportes de silicosis en dos trabajadoras de la planta, lo que subraya aún más la necesidad de atención a estos problemas.