La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha expresado su entusiasmo por el reciente fallo del Tribunal Supremo, que valida la autorización para el parque eólico de Campelo, un avance que podría liberar de litigios a más de 60 instalaciones eólicas en Galicia, actualmente estancadas.

Durante un evento en Vigo, Vázquez subrayó la importancia de esta sentencia, la cual considera un apoyo contundente al trabajo de los técnicos ambientales, quienes, según ella, han enfrentado una serie de obstáculos y una percepción de desconfianza en sus capacidades. La conselleira comentó que estos profesionales siempre han operado dentro de la legalidad, pero que, a medida que pasaba el tiempo, se hacían más numerosos los desafíos judiciales.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también se ha pronunciado sobre los recientes dictámenes del Tribunal Supremo, señalando que estos resaltan errores en las sentencias previas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Rueda hizo hincapié en la necesidad de que Galicia avance en el desarrollo de energías renovables y criticó las críticas injustas hacia la Xunta, afirmando que estas últimas decisiones judiciales demuestran que el trabajo realizado ha sido correcto.

Además, Rueda instó a que se tomen en cuenta los efectos adversos de la paralización de los parques eólicos, advirtiendo que si Galicia no se adapta a la realidad energética del momento, otras comunidades autónomas podrían superar su avance en este ámbito. La voz del presidente busca movilizar a la acción en favor de un desarrollo sostenible que impulse la economía local.

Por su parte, Vázquez señaló que la sentencia sobre el parque eólico de Campelo supone un reconocimiento a la labor técnica autonómica, abriendo la posibilidad de que más de 120 pleitos puedan ser reactivados. Esto no solo impulsaría la creación de energía limpia, sino que también tendría un impacto significativo en la reducción de emisiones de CO2. Se estima que los parques en funcionamiento ya evitan la emisión de 3,8 millones de toneladas de CO2, y la activación de los proyectos paralizados podría evitar 2,7 millones adicionales.

La conselleira concluyó su intervención con un mensaje optimista sobre el futuro energético de Galicia, resaltando que la reciente decisión del Tribunal Supremo brinda una nueva oportunidad de avanzar hacia un modelo sostenible, crucial para el cumplimiento de los objetivos ambientales y el bienestar social de la comunidad gallega.