El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha puesto en marcha una intensa ofensiva en el Parlamento para visibilizar la situación crítica del sistema de atención a las personas mayores y a quienes dependen de cuidados en Galicia.

En un encuentro con los medios en Santiago de Compostela, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hizo un fuerte llamado a poner fin al modelo de atención promovido por el Partido Popular en la Xunta. Según Pontón, este enfoque se basa en "motivos ideológicos" que priorizan el "drenaje" de recursos públicos para favorecer a empresas privadas, dejando a las mujeres con la carga de los cuidados en un contexto de desigualdad.

Pontón hizo hincapié en la necesidad urgente de abordar los problemas que enfrenta la atención a mayores y dependientes en Galicia y anunció que su grupo político presentará una serie de iniciativas en el Parlamento. La líder del BNG sostiene que el sistema actual requiere "cambios reales y efectivos" que incluyan un aumento en la financiación y el establecimiento de una "red pública" de centros y residencias.

La portavoz del BNG lamentó que Galicia esté rezagada en la tramitación de solicitudes de dependencia, donde el tiempo medio de espera se sitúa en 386 días, más del doble de lo que establece la ley. Esto coloca a la comunidad en el "último lugar" del país en la atención a las personas que requieren apoyo por su situación de dependencia.

Asimismo, comentó que solo el 18% de las solicitudes se están atendiendo en Galicia, frente a una media del 34% en otras regiones, lo que representa "el peor dato" en un contexto donde Galicia también tiene una de las poblaciones más envejecidas. Además, subrayó que la comunidad ocupa el remoto final en cuanto a resolución de peticiones, lo que la posiciona como la administración que menos solicitudes procesa y la cuarta que más tarda en solucionarlas.

Pontón también se refirió al estado del sistema de ayuda a domicilio, que según sus palabras se encuentra "infrafinanciado" y "colapsado". Una situación alarmante que se traduce en que las altas en este servicio solo se producen "por fallecimientos", lo que subraya la desesperante realidad de quienes necesitan asistencia en el hogar.

Ante este desgastado escenario, la líder del BNG argumentó que es urgente implementar un sistema que no solo respete, sino que también potencie los derechos de las personas mayores, mejorando su calidad de vida y la de quienes las cuidan, en su mayoría mujeres. Pontón abogó por un modelo de cuidados que equipare el sistema público de atención con la sanidad y la educación, considerándolo un "tercer pilar del estado de bienestar".

Con la intención de lograr cambios significativos, avanzó que el BNG presentará iniciativas para aumentar la aportación por hora de la ayuda a domicilio de 12 a 20 euros. También remarcó que esta responsabilidad recae actualmente en los ayuntamientos, que enfrentan limitaciones presupuestarias extremas, lo que evidencia la falta de acción de la Xunta, que se desentiende de sus obligaciones en este ámbito.

Además, el BNG propone reforzar el sistema de servicios comunitarios para mitigar las "dramáticas esperas" que enfrentan ciudadanos que solicitan asistencia por dependencia. En este momento, según destacó Pontón, hay 2.272 personas aguardando la evaluación de grado, la resolución de ayudas o la concesión de prestaciones.

En una estadística dolorosa, Pontón recordó que entre 2017 y 2023, 6.500 personas fallecieron esperando sus derechos de dependencia, lo que representa más de dos muertes al día. Por último, pidió una reconfiguración del sistema de residencias públicas, que debe ser el "último recurso" para los mayores, asegurando que dispongan de todos los servicios necesarios para vivir dignamente en esa etapa de sus vidas.

Pontón criticó que la crisis provocada por la pandemia no haya servido como catalizador para reformar un modelo que, según ella, "privatiza y mercantiliza la vejez", a pesar de las promesas del Gobierno gallego sobre la implementación de un nuevo modelo de residencias. Lamentablemente, indicó que hay 15.000 personas con derecho a una plaza en residencia que no pueden acceder a ella por la falta de disponibilidad, tanto en centros públicos como concertados. Resaltó un informe reciente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que posiciona a Galicia en el cuarto lugar por déficit en plazas de residencias, superada solo por Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Finalmente, Ana Pontón enfatizó que el estudio recalca un déficit de 13.850 plazas residenciales necesarias para cumplir con la ratio de 5 por cada 100 mayores de 65 años, lo que evidencia que el gobierno del PP en la Xunta no está atendiendo adecuadamente a la población mayor y carece de la gestión eficiente y eficaz que se requiere para abordar esta problemática.