Los servicios legales del Parlamento han decidido rechazar la solicitud presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para revocar el plan de trabajo del órgano encargado de investigar los contratos de la Xunta, lo que ha intensificado la tensión en el pleno. Este episodio ha tenido lugar en Santiago de Compostela el 19 de noviembre, marcando otro capítulo en la batalla verbal entre Ana Pontón, líder del BNG, y Alfonso Rueda, presidente de la Xunta.

La polémica gira en torno a la comisión que investiga diversos contratos, incluidas las adjudicaciones vinculadas a la pandemia y a la empresa Eulen. Durante una nueva sesión de control, Rueda arremetió contra Pontón, cuestionando la transparencia de su entorno familiar en relación a contratos otorgados por gobiernos del BNG. "¿Puede afirmar que nadie de su círculo cercano ha recibido un contrato menor de un gobierno del BNG? Lecciones de moral, si quiere", sentenció Rueda, enfatizando que esperaba una contestación clara a su interrogante.

Rueda continuó criticando la postura del BNG, señalando que en lugar de responder, la líder nacionalista solo “acusa” a los demás. Afirmó que la insistencia en este tipo de cuestiones solo revela una falta de humildad y de calidad democrática. "La prepotencia es el sello de esos discursos; si me preguntan a mí, mi respuesta es no", dijo Rueda, instando a Pontón a dar una respuesta directa.

El presidente de la Xunta también presentó un informe de los servicios jurídicos del Parlamento que desestimó la solicitud del BNG para revocar el mencionado plan de trabajo como una medida arbitraria. Pontón había denunciado anteriormente que "nadie va a silenciar al BNG", anticipando incluso la posibilidad de recurrir a la vía legal si la situación no cambiaba.

En este sentido, Pontón acusó al Partido Popular (PP) de ejercer una “deriva autoritaria” al impedir que el BNG realice las investigaciones pertinentes, alegando que su partido no se dejará amordazar. “Utilizaremos todos los mecanismos legales a nuestro alcance para preservar nuestro derecho a controlar la gestión gubernamental,” alertó. Según su perspectiva, el veto del PP a la documentación y comparecencias solicitadas —incluyendo la del expresidente Feijóo— es inaceptable y contrario a los principios de transparencia.

La líder del BNG hizo hincapié en la falta de equidad al compararle la situación real a un juicio donde solo se escucharía una versión. Subrayó que este procedimiento está diseñado para proteger a Feijóo, con quien tiene vínculos familiares significativos, al ocultar la información sobre presuntos “chanchullos” relacionados con la empresa Eulen, que ha recibido contratos millonarios durante su alcaldía.

Pontón no escatimó en cifras para sustentar su argumentación, mencionando que Eulen obtuvo 1.311 contratos por un total de cinco millones de euros entre 2018 y 2023, así como la considerable suma que la empresa, ligada a familiares de líderes del PP, recaudó durante la pandemia. Además, revisó los sobrecostos vinculados al Hospital Álvaro Cunqueiro, demandando claridad al respecto.

Rueda, por su parte, defendió la legalidad de las decisiones tomadas por el Parlamento y dijo que su obligación es cumplir con las normativas. “Lo que usted ignora son las reglas de la Cámara; el informe jurídico es concluyente, y las decisiones deben acatarse”, afirmó, expresando sus dudas sobre si el BNG realmente llevaría esto a los tribunales, resaltando la imparcialidad del proceso legislativo.

El informe, del cual Europa Press tuvo acceso, confirma que una vez establecido un órgano parlamentario, este no concede derechos adicionales a quienes lo impulsaron, limitándose a lo que el reglamento establece para todos los grupos. “Nadie tiene prioridad solo por ser promotor”, concluyó el informe, lo que reafirma la carácter plural del funcionamiento parlamentario gallego, donde el PP tiene la mayoría.

Rueda además empleó el sentido del humor al imaginar lo que habría sucedido si los servicios jurídicos le hubieran dado la razón al BNG sobre la supuesta intención de llevar a cabo un "juicio paralelo" a Feijóo. “Pero esa cuestión jamás se menciona”, respondió, reiterando su compromiso de usar la mayoría absoluta para que Galicia no sufra las divisiones políticas que, según él, caracterizan al Gobierno central.

Finalmente, Rueda hizo una comparación entre las cifras de contratación de Eulen durante los periodos de gobierno bipartito y bajo el mandato del PP, sugiriendo que las diferencias no justifican la acusación de favoritismo. Además, planteó interrogantes sobre las verdaderas motivaciones del BNG al solicitar la creación de esta comisión investigadora, sugiriendo que podrían estar relacionadas con la presión interna del partido o con influencias externas como las de Pedro Sánchez.