La Fiscalía está pidiendo el desalojo inmediato de una vivienda okupada en Vigo, en la calle Pardavila, donde una mujer propietaria de la casa, que trabaja en Alemania, ha denunciado que hace más de un año no puede acceder a su vivienda porque está okupada y ha estado pagando miles de euros por los suministros de luz, agua e incluso internet, que disfrutan los usurpadores.

Este jueves, los juzgados de Vigo acogieron dos vistas por estos hechos. En el primer caso, la mujer denunció al primer okupa, que se instaló en la vivienda sin autorización y se llevó todo lo que pudo al marcharse. En esa causa, tanto la Fiscalía como la acusación particular reclaman que el presunto autor de la usurpación devuelva unos 1.500 euros de gastos que tuvo que afrontar la propietaria, además de la indemnización por daños morales.

En el segundo caso, dos mujeres, tía y sobrina, se presentaron en el juzgado de instrucción 7 y aseguraron ante el tribunal que estaban pagando una renta mensual de 750 euros al propietario de la casa, un tal Alberto, que resulta ser el primer okupa denunciado. Las mujeres presentaron un contrato de arrendamiento, mientras que la perjudicada presentó el testamento conforme había heredado la casa de sus padres, así como las facturas de los gastos en que había incurrido (aunque los suministros siguen a nombre de su padre).

Las acusaciones piden que las dos acusadas sean condenadas al pago de una multa de 900 euros, a pagar las facturas de los suministros durante su estancia en la casa okupada (que todavía habitan) y los billetes de avión de la perjudicada, por el desplazamiento desde Alemania para afrontar este problema. La propietaria también pide la indemnización solidaria de las acusadas en 6.000 euros por los daños morales, y que se dicte orden de desalojo "inmediato".

La representación de la perjudicada y el ministerio público consideran que el contrato de arrendamiento presentado por las acusadas "no demuestra nada", ya que no se ha probado que su supuesto arrendador sea el dueño de la casa. Las letradas de la defensa han pedido la libre absolución. En el caso de una de las acusadas, porque cuenta con un contrato de alquiler que es "un título justo de arrendamiento" y, en el caso de su tía, porque solo está en la casa "circunstancialmente", ya que tiene fijada su residencia en Ferrol. Además, señalaron que no hay ningún documento, al margen del testamento, que confirme que la perjudicada es la dueña de la vivienda.