En un giro significativo en la política gallega, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha comunicado que su administración ha decidido establecer un plazo de un mes para que el Gobierno central remita la documentación relacionada con el proceso de infracción iniciado por la Comisión Europea (CE) sobre la extensión de la AP-9. En caso de no recibir respuesta, se prevé llevar el asunto a instancias judiciales.

Rueda hizo este anuncio tras concluir la reunión semanal del Ejecutivo, mencionando que, desde hace más de tres meses, habían solicitado al Ministerio de Transportes acceder a la información remitida a la CE, que considera ilegal la prórroga otorgada en su momento por el Gobierno de José María Aznar. Además, exigió conocer cómo ha respondido el actual Ejecutivo español a la Comisión Europea sobre este asunto.

El mandatario gallego subrayó que, ante la falta de respuesta, se tomó la decisión de fijar un plazo. "Si no se proporciona la información solicitada en un mes, procederemos con acciones legales a través de un recurso contencioso administrativo por esta falta de comunicación”, advirtió Rueda.

Rueda también destacó que el Parlamento gallego había llegado a un consenso “unánime” sobre la necesidad de solicitar el "rescate" y la posterior traspaso de la titularidad de esta vital infraestructura para la comunidad. Afirmó que esta es la única y mejor solución posible.

El presidente de la Xunta manifestó su frustración ante la actitud del Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, quien, según Rueda, ha mostrado una postura "negativa" hasta el momento. Mientras otras regiones de España disfrutan de reducciones en los peajes, la AP-9 continúa con incrementos en sus tarifas, lo que agrava la situación para los gallegos.