El Gobierno reafirma que la AP-9 sigue bajo concesión y descarta su rescate ante las críticas del PPdeG.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 de febrero.
El Gobierno de España ha respondido a los senadores del Partido Popular en Galicia, asegurando que el contrato de concesión para la construcción, mantenimiento y explotación de la autopista AP-9 se encuentra "plenamente vigente", lo que significa que no se contempla su rescate en este momento.
Frente a esta postura, los senadores populares cuestionaron los motivos detrás de esta decisión, especialmente en un contexto donde los peajes son considerados excesivos y la concesión ha sido prorrogada varias veces, tanto por gobiernos del PSOE como actualmente del PP, con validez hasta el año 2048.
El senador José Manuel Balseiro, en una declaración enviada a los medios, afirmó que el costo de un posible rescate ascendería a 2.356 millones de euros, según un informe elaborado por la Xunta. Este monto, según Balseiro, se asemeja al total que el Ministerio prevé en bonificaciones hasta el final de la concesión, lo que le llevó a criticar al presidente Sánchez por no atender una "demanda histórica" de Galicia.
Cabe recordar que la última prórroga de la concesión que actualmente se discute fue otorgada durante el mandato de José María Aznar, lo que resultó en un ultimátum de la Comisión Europea al Gobierno español en julio de 2025. La CE exigió que se rectificaran las irregularidades relacionadas con las extensiones de las concesiones de peajes en las autopistas AP-66 y AP-9.
En septiembre pasado, el Ejecutivo español proporcionó una respuesta "detallada" a las preocupaciones planteadas, ofreciendo las "aclaraciones necesarias" y la documentación correspondiente. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que el procedimiento de infracción sigue en marcha, lo que implica que los detalles de este proceso deben mantener un nivel de confidencialidad.
En este contexto, los populares han criticado al Gobierno por su "falta de transparencia". Además, han destacado que el PSdeG, junto con el PPdeG y el BNG, respaldaron en el Parlamento gallego una solicitud para acceder a toda la documentación relacionada con el expediente de la Comisión y cualquier comunicación pertinente al respecto.
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