VIGO, 31 de enero.

Este lunes, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dará inicio a un juicio que podría esclarecer uno de los casos más impactantes en el ámbito del narcotráfico en Galicia. Once individuos, presuntamente ligados a un grupo que operaba en la construcción y venta de 'narcolanchas' entre Vigo y el norte de Portugal, se enfrentarán a un total de 59 años y medio de cárcel por sus acciones delictivas.

El procedimiento judicial, que había sido programado para noviembre del año anterior, sufrió una suspensión inicial debido al cambio de representante legal de uno de los encausados. Este lunes, se abordarán las cuestiones previas, mientras que las sesiones principales del juicio se llevarán a cabo entre el 16 y el 20 de febrero, marcando un hito en la defensa de la justicia y la lucha contra el narcotráfico.

La Fiscalía ha presentado pruebas que evidencian la existencia de una estructura sólida y organizada que, entre septiembre de 2020 y junio de 2022, fabricaba embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, destinadas al tráfico de drogas. Esta red operaba desde una instalación en Cotogrande, Vigo, además de contar con otras naves en territorio portugués.

Los acusados desempeñaban diversas funciones dentro de la organización; desde la gestión de financiamiento y logística hasta la construcción efectiva de las lanchas. Cada miembro del grupo tenía un rol específico, creando un engranaje que facilitaba la ejecución de su actividad delictiva.

La acusación incluye a 11 personas y a una empresa de transporte de O Porriño, que se señalan como responsables de delitos de contrabando de embarcaciones prohibidas. Uno de los acusados enfrenta cargos adicionales por tenencia ilegal de armas y por delitos contra la salud pública, dado que se le encontraron cerca de 300 gramos de hachís en su hogar, así como una pistola detonadora en su lugar de trabajo.

La investigación ha revelado que la organización estaba involucrada en la construcción de al menos 19 embarcaciones, algunas de las cuales habrían sido utilizadas en operativos de tráfico de droga en el sur de España. Este escándalo subraya la magnitud de las operaciones vinculadas al narcotráfico en la región.

Ante estos hechos, la Fiscalía ha presentado peticiones de penas que oscilan entre 2 y 9 años de prisión para los acusados, además de multas que superarían los 80 millones de euros. Con respecto a la empresa implicada, se solicita una multa de 14 millones de euros y la prohibición de recibir ayudas públicas durante dos años, así como la suspensión de actividades comerciales relacionadas con las embarcaciones inflables y semirrígidas por un período de un año y tres meses.