SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 de febrero.

El Gobierno de Galicia ha dado luz verde al proceso de consulta pública para el anteproyecto de una nueva ley de administración local, un paso que busca redefinir las competencias, establecer un modelo de financiación más adecuado para los gobiernos locales y fomentar nuevas iniciativas de colaboración. La intención es presentar esta legislación ante el Parlamento antes del inicio del verano.

Esta información fue compartida tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, donde el presidente Alfonso Rueda y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ofrecieron detalles a la prensa sobre esta importante iniciativa.

Los líderes gallegos han subrayado que las posibilidades de la Xunta en cuanto a la financiación local son "limitadas", dado que la responsabilidad principal recae en el Gobierno central. No obstante, se asegura que la Xunta ajustará la parte de financiación que le corresponde dentro de sus competencias.

En este contexto, se contemplan criterios como la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional, alineándose con las demandas que ya ha formulado el propio Gobierno gallego al Ejecutivo central respecto a la financiación autonómica.

Calvo también ha abordado otros aspectos relevantes, señalando que se incrementarán los fondos incondicionados, permitiendo a los ayuntamientos destinar estos recursos según sus propias necesidades. Además, la garantía mínima para todos los municipios se aumentará en más de 20 millones de euros en comparación con el sistema actual.

"Nuestra meta es asegurar que los ayuntamientos participen más en los tributos autonómicos, al menos en la misma proporción que crecen los ingresos de la comunidad", enfatizó.

"Buscamos asegurar la viabilidad financiera de los municipios, mediante transferencias tanto del Fondo de Cooperación Local (FCL) como de otras ayudas específicas dirigidas a las entidades locales", agregó el conselleiro.

La nueva ley también pretende "agilizar" la burocracia y promover la adopción de tecnologías modernas en los procedimientos administrativos, así como fomentar "soluciones innovadoras" para la cooperación entre los ayuntamientos.

Como se había anticipado, se impulsarán "áreas funcionales temporales", que facilitarán la unión de municipios para brindar servicios de manera conjunta y llevar a cabo proyectos de interés común.

Además, la norma busca fortalecer las mancomunidades y el papel de las diputaciones provinciales como defensores de la autonomía municipal y de la correcta gestión de los servicios públicos locales. También se abordará el desafío del descenso poblacional, estableciendo cada año los municipios que enfrentan situaciones de reto demográfico.