La nueva ley de enseñanzas de adultos en Galicia está siendo denunciada por la CIG, que afirma que "deja sin efecto" la red de centros que imparten estas enseñanzas, con más de 300 profesores impartiendo materias. La central nacionalista critica que esta norma "no pasó ningún filtro", y si se efectúa dejará sin efecto la red de centros, lo cual supondrá un "antes y un después" para este tipo de enseñanza y repercutirá en un "empeoramiento" y falta de oportunidades para la población que vive en entornos rurales.

De acuerdo con la Xunta, son 10.000 los gallegos que cursan este tipo de enseñanzas, con 7300 en los seis centros públicos de educación y promoción de adultos de las seis ciudades y el instituto compostelano San Clemente. Además, también hay cinco escuelas de formación permanente de adultos en las cárceles gallegas. La CIG afirma que es "fundamental preservar la actual red de centros" y con ello "preservar la presencialidad".

El secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, ha considerado que si la ley sigue adelante y se deja sin efecto la red actual, será una de las peores noticias en el ámbito educativo en los últimos años. La nueva ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta, de la que Bermello y Montse Pernas han censurado que "es la primera que pretende promulgar el actual gobierno de Rueda de carácter educativo y no pasó por ningún tipo de filtro o control, ni se sometió a debate".

Bermello ha pedido que se retire el anteproyecto y se hable con el profesorado y las organizaciones sindicales. Ha explicado que el anteproyecto contempla un artículo que deroga la anterior ley, de 1992, un texto que era el que regulaba "que existan centros de adultos". Si "en la nueva ley no se hace mención, es obvio cuál es la intención", ha resaltado.

Por su parte, Pernas ha recalcado la "labor social" de este tipo de enseñanzas y ambos han aludido al "problema de empleo" que supondría suprimir la presencialidad y con ello a profesorado.