El modelo de concesión adoptado por el Partido Popular para la construcción del hospital ha sido objeto de críticas contundentes, ya que se considera que "encorseta" el desarrollo del centro al obligar a "negociar" las obras necesarias.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 de diciembre. La exconselleira de Sanidade, María José Rubio, quien ocupó el cargo entre 2005 y 2009, ha defendido en el Parlamento gallego que, de no haber sido por el gobierno bipartito liderado por el socialista Emilio Pérez Touriño, el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo no habría alcanzado la categoría y capacidad actuales, que ascienden a 950 camas.

Rubio compareció este jueves en la comisión del Parlamento gallego que investiga, entre otros temas, la modalidad de concesión utilizada para este centro sanitario. En su intervención, subrayó que la Xunta de Touriño presentó a la sociedad viguesa un plan detallado para el nuevo hospital, que incluía datos sobre el número de camas, quirófanos y otras instalaciones sanitarias.

La exconselleira señaló que su iniciativa "condicionó" las decisiones del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a partir de 2009, obligando a mantener la capacidad de, al menos, 950 camas. Sin embargo, también reconoció que estas afirmaciones son "suposiciones", al igual que las que hace el PP sobre el bipartito.

Rubio relató que, al asumir la Consellería en 2005, "heredó" de la administración de Manuel Fraga una deuda que superaba los 400 millones de euros y un plan para construir un "cuarto hospital" en Vigo, en la parroquia de Beade.

Adicionalmente, criticó el modelo de concesión de obras públicas decidido por la Xunta de Feijóo para levantar el Álvaro Cunqueiro. Un informe del Consello de Contas, que llevó a la creación de esta comisión, estimó que este modelo implicaba un gasto adicional de 470 millones de euros en comparación con un proceso de licitación regular para obras y servicios.

Uno de los puntos más criticados por Rubio es la falta de propiedad del edificio durante un período de 20 años, a lo que añadió que, actualmente, la Xunta debe abonar un canon a la concesionaria hasta 2035, momento en el que la infraestructura finalmente revertirá al sector público.

A lo largo de este tiempo, todas las reformas necesarias que surjan deberán ser "negociadas" con la concesionaria, lo que es problemático en un hospital, ya que es un entorno en continua evolución que debe adaptarse a los avances tecnológicos y a las nuevas exigencias sanitarias.

Por lo tanto, considera que el modelo de colaboración público-privada limita gravemente el desarrollo de especialidades médicas y la evolución profesional de los trabajadores del sector sanitario.

María José Rubio es la segunda exconselleira del gobierno de Touriño en comparecer ante la comisión, después de María José Caride, exconselleira de Obras Públicas. Ambas han coincidido en que, aunque se encargaron informes a Price Waterhouse Coopers (PWC) y a Garrigues para analizar los "diferentes modelos" de financiación y legalidad para la construcción del nuevo hospital, el bipartito decidió hacerlo a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) como la opción más adecuada.

Así, en febrero de 2009, justo antes de las elecciones que llevaron al PP de Feijóo a lograr su primera mayoría absoluta, el Consello de la Xunta aprobó un plan de financiación de la SPI, que contemplaba 420 millones de euros tanto para el nuevo hospital de Vigo como para el de Pontevedra.

Rubio defendió que "la única decisión probada y documentada es la que se aprobó en el Consello de la Xunta", apuntando a la bancada del PP y asegurando que hubiesen podido llevar a cabo esos proyectos.

Desde el grupo del BNG, la diputada Montse Prado agradeció a Rubio su comparecencia, señalando que desmantela una "mentira continuada" que sostienen los populares, enfatizando que la creación de una sociedad público-privada fue simplemente "una valoración de opciones".

Prado subrayó que los argumentos del PP son "despropósitos" para justificar que la concesión fue "un mecanismo mucho mejor para las arcas públicas". De manera similar, Elena Espinosa del PSdeG, expresó que el gobierno de Touriño "recibió una herencia envenenada" de la administración de Fraga, quien además solo pretendía realizar "un cuarto hospital" y no el centro "de referencia" que existe actualmente.

Espinosa también denunció las "irregularidades" reveladas por el Consello de Contas, como el mencionado "sobrecoste" de 470 millones de euros causado por la elección del modelo de concesión "sin un análisis sólido previo".

En respuesta, el popular Roberto Rodríguez no negó que el bipartito tuviese una "voluntad inmediata" de "solventar la situación del área sanitaria de Vigo", considerando el estado del Hospital Xeral, pero cuestionó por qué no se inició la construcción del nuevo hospital durante aquellos cuatro años.

A pesar de ello, Rodríguez sostuvo que "era imposible" llevar a cabo la construcción a través de la SPI debido a que eso habría afectado la deuda pública en un contexto de crisis, tal como mencionaron otros que comparecieron.

Rubio, en su respuesta, criticó las "suposiciones" y "elucubraciones" del PP en relación con lo que "hubiese hecho" el bipartito de haber continuado en el gobierno.

Sostuvo que el PP busca concluir que el bipartito habría optado por la misma decisión que el gobierno de Feijóo y hacer el Álvaro Cunqueiro mediante la fórmula de colaboración público-privada, considerándolo una búsqueda de justificaciones.

Asimismo, rechazó que las reglas financieras impuestas tanto por Europa como por el Gobierno central impidieran hacer la obra a través de la SPI, ya que en ese momento aún no se había modificado el artículo 135 de la Constitución—lo que ocurrió en 2011—que protege la estabilidad en las cuentas públicas.

La exconselleira también apuntó que, en 2012, bajo el gobierno del PP de Mariano Rajoy, los Presupuestos Generales del Estado permitían "respetar las inversiones" en aquellos proyectos que ya estaban en marcha a través de empresas públicas, como habría sido el caso del Álvaro Cunqueiro de haberse ejecutado mediante la SPI.

En resumen, la titular de Sanidade durante la coalición PSdeG-BNG destacó los logros de su gestión en unos años en los que el presupuesto del Sergas "aumentó casi un 40 por ciento", mientras se "sanearon" las cuentas y se eliminaron las fundaciones hospitalarias, que estaban en "quiebra técnica".