El reciente fallo de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha generado un intenso debate al absolver a un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija menor de su pareja. Esta decisión ha sido motivada por la falta de pruebas contundentes que apunten a la culpabilidad del procesado en el caso que involucra a la menor.

El tribunal, en una cuidadosa revisión de los hechos, determinó que no había evidencia que confirmara que el acusado hubiera besado en los labios a la hija de su pareja cuando ésta tenía tan solo 12 años. Además, se descartó que, entre noviembre de 2010 y septiembre-octubre de 2015, hubiese perpetrado ninguna agresión sexual en su contra.

En su resolución, los magistrados señalaron que el testimonio de la víctima no fue suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que protege al acusado. Resaltaron que existían “contradicciones sustanciales y relevantes” en las declaraciones de la menor, lo que afectaba la coherencia y la significación de su relato. Este aspecto es crucial en el ámbito judicial, donde la credibilidad de la evidencia es determinante para el resultado de un juicio.

El tribunal también enfatizó la ausencia de otros testimonios o pruebas que corroboraran los hechos denunciados, llevando a la conclusión de que no se podía afirmar con certeza que las agresiones alegadas habían ocurrido. Por lo tanto, la decisión fue clara: absolver al acusado de todas las acusaciones de agresiones sexuales a una menor de 16 años.

Los magistrados recordaron un principio fundamental del derecho penal, citando una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de diciembre de 1997, que sostiene que el objetivo del proceso penal no es encontrar cuál de las dos versiones (acusación o defensa) es más creíble, sino contrastar la hipótesis acusatoria con pruebas. Si dicha hipótesis no se demuestra adecuadamente, la única consecuencia posible es la absolución, independientemente de que la defensa tampoco logre probar su versión de los hechos. Esta decisión puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), lo que abre la puerta a nuevas etapas en este caso tan debatido.