El 29 de septiembre en Santiago de Compostela, diversas organizaciones ambientales y sindicales han decidido llevar a cabo acciones legales en respuesta a las decisiones de la Xunta relacionadas con la concesión de recursos hídricos para Altri, empresa vinculada a la industria papelera. Estas entidades, entre las que figuran la asociación ecologista Adega y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, han presentado un contencioso-administrativo que busca impugnar el proceso de concesión de agua.

El foco del litigio se centra en la negativa de la Xunta ante un recurso de alzada que pedía la clausura del expediente de la solicitud de agua para Altri, argumentando que el tiempo legal para considerar dicha solicitud ha expirado sin resolución, lo cual hace que la misma debiera ser considerada desestimada.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Vilagarcía, los representantes de estas organizaciones han manifestado su determinación de actuar en base a las numerosas alegaciones presentadas por la ciudadanía que se oponen a la concesión. Tal respuesta se alinea con un creciente clamor popular que exige mayor transparencia y responsabilidad ambiental en la gestión de los recursos hídricos.

En relación con la solicitud de Altri, que asciende a 46.000 metros cúbicos diarios, los grupos argumentan que existe un marco regulador que establece un plazo máximo de 18 meses para resolver dicha concesión. Este plazo comenzó a contar desde la publicación del anuncio de apertura del trámite, lo que, según ellos, significa que la Xunta debió haber tomado una decisión antes del 30 de mayo de 2024.

A pesar de haber solicitado en febrero que se declarara la caducidad de este procedimiento, no recibieron respuesta dentro del tiempo esperado. Cuando finalmente hubo comunicación de Aguas de Galicia a principios de agosto, la resolución fue desestimatoria, lo que para las organizaciones implica una posible autorización del caudal solicitado fuera de los plazos establecidos, generando preocupaciones sobre falta de claridad y seguridad jurídica.

Aguas de Galicia justificó su tardanza en el proceso aludiendo a la "complejidad" del procedimiento, argumentando que el tiempo adicional no debería suponer un perjuicio para aquellos que tienen interés en la cuestión. Sin embargo, los grupos demandantes sostienen que esta prolongación del proceso sí presenta riesgos para los intereses públicos, y abogan por que el agua solicitada por Altri se use prioritariamente para fines ambientales y de abastecimiento, en lugar del uso industrial que propone la compañía.