En Madrid y Santiago de Compostela, el 1 de julio se ha marcado como una fecha crucial en el ámbito judicial. Las agrupaciones de jueces y fiscales han llevado a cabo una huelga de tres días, que se extenderá hasta el 3 de julio, en protesta por las reformas propuestas por el Gobierno que, a su juicio, representan una amenaza directa para el Estado de Derecho. Según las primeras cifras de participación, hasta la una de la tarde de hoy, el seguimiento ha alcanzado un notable 75%.

La huelga ha desencadenado la suspensión de numerosos juicios en Galicia debido a la notable ausencia de magistrados y fiscales en las cuatro provincias. Desde los juzgados de la Cidade da Xustiza en Vigo hasta los órganos judiciales de A Coruña y Santiago, e incluso en las instalaciones penales de Lugo, se han visto afectados diversos casos. Por ejemplo, en Lugo, la ausencia de la jueza y la fiscal ha llevado a la interrupción de un juicio por agresión sexual en el que un hombre está acusado de manosear a una mujer en un evento deportivo. Asimismo, la Audiencia Provincial de A Coruña también ha cancelado un juicio por intento de asesinato contra la madre del acusado.

Los portavoces de varias asociaciones judiciales, como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación de Fiscales, han confirmado el alto porcentaje de participación en una rueda de prensa, aunque Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se unieron a esta convocatoria. Es importante mencionar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no reconoce la legitimidad de la huelga y ha decidido no contabilizar los datos de participación.

El Ministerio de Justicia ha solicitado a ambas instituciones que informen diariamente antes de las 14:00 horas sobre la lista de jueces y fiscales que falten a sus funciones, para poder descontar esos días de sus nóminas. Esta medida busca garantizar una gestión adecuada de los recursos públicos, según han indicado fuentes del ministerio.

Las cinco asociaciones que han convocado la huelga hicieron su anuncio el pasado 17 de junio, ofreciendo levantar la medida si el Gobierno decidía retirar las reformas en cuestión, una propuesta que fue rechazada por el Ministerio de Justicia. En una carta enviada a las asociaciones, el ministro Bolaños defendió la necesidad de estas reformas como esenciales para modernizar el sistema judicial en el contexto del siglo XXI, argumentando que las estructuras actuales no se han actualizado de manera significativa desde hace décadas.

Las asociaciones en huelga han expresado su preocupación por cómo estas reformas podrían afectar la independencia judicial. Critican que existe un potencial riesgo de selección ideológica en el acceso a las carreras judicial y fiscal. Además, advierten que se eliminarán componentes clave de la formación y se implementarán pruebas más subjetivas, lo que podría comprometer la calidad de los futuros jueces y fiscales.

En cuanto a la reforma de la Fiscalía, que incluye el cambio de jueces a fiscales instructores, las asociaciones han señalado que se busca ampliar las competencias del fiscal general, quien es nombrado por el Gobierno y carece de filtros adecuados. Este hecho genera dudas sobre la independencia de los futuros fiscales instructores y su capacidad para actuar sin interferencias externas.

Bolaños ha defendido las reformas y calificado las preocupaciones de las asociaciones como infundadas, argumentando que la resistencia al cambio es un patrón habitual en la historia judicial. En su intervención en el Congreso, destacó que reformas significativas en el pasado, como las leyes del Poder Judicial o de Violencia de Género, también fueron recibidas con escepticismo, pero hoy en día son consideradas consensuadas y necesarias.