El Gobierno gallego ha aprobado este lunes la puesta en marcha de la ley autonómica de educación digital, que entrará en vigor en 2026 y buscará regular conductas contrarias a la convivencia en el ámbito digital.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, espera que esta ley sea aprobada antes de que termine el año o, a más tardar, en el primer trimestre de 2026, para que pueda aplicarse en el próximo ejercicio.

El objetivo de esta nueva normativa, incluida en el programa electoral de Rueda en 2024, es regular los derechos y deberes de la comunidad educativa frente a la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.

El desarrollo de esta ley comenzará con una fase de consulta pública para abordar temas como la comunicación digital entre alumnos y docentes, el uso de herramientas de IA en la educación y la prevención de conductas disruptivas en el entorno digital.

Se espera que la norma sea aprobada luego de consultar con la ciudadanía y diferentes colectivos, y abarcará aspectos como el bienestar digital, la privacidad, la protección de datos y la accesibilidad universal.

La Consellería de Educación liderará un debate basado en evidencias científicas para garantizar un sistema educativo de calidad, equidad y aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Además, se pondrá en marcha el proyecto EdugalIA con una inversión de 9,9 millones para mejorar la gobernanza y el procesamiento de datos a través de la inteligencia artificial, con el objetivo de prevenir el abandono escolar.

La Xunta destaca que la nueva ley de educación digital surge de la experiencia durante la pandemia, donde se identificaron necesidades de regular el uso de herramientas digitales en la educación y el aprendizaje.

El nuevo texto legislativo abordará el ecosistema STEM en un sentido amplio, destacando la importancia de la ciencia y las matemáticas en el desarrollo del pensamiento computacional.

Por otro lado, se ha anunciado una convocatoria de ayudas para que las asociaciones de padres y madres pongan en marcha programas que fomenten la igualdad y prevengan la violencia machista.

El Ejecutivo autonómico destinará un millón de euros a estas ayudas, que beneficiarán a más de 40.000 escolares en programas que promuevan la igualdad y la conciliación familiar.