El PP de Santiago de Compostela ha presentado una denuncia contra todos los miembros de la junta de gobierno local que participaron en la autorización del contrato con la nave de Desproi. La denuncia incluye la referencia a un anexo en el que se señala que para la propuesta de contratación con la empresa se siguieron "instrucciones de Alcaldía", actualmente dirigida por el socialista Xosé Sánchez Bugallo.

En el escrito de la denuncia presentada en los juzgados, los populares destacaron esta circunstancia e incluyeron, entre los 45 documentos anexos registrados, uno en el que se encontraba un escrito de la funcionaria directora de área de bienestar medioambiental para dar respuesta a una petición de información interdepartamental del Ayuntamiento.

En el documento se da información sobre la situación contractual de las dependencias en las que se desarrolla la actividad el departamento de Medio Rural y Parques y Jardines y la previsión de continuidad. También remitió el informe de estudio de precios del mercado sobre instalaciones idóneas para albergar los servicios que se precisaba alojar.

La funcionaria apunta que "siguiendo instrucciones de Alcaldía", se "elaboró una propuesta dirigida a la junta de gobierno local para la adopción del acuerdo de alquiler de las instalaciones". Un acuerdo del que ya tiene "constancia la dirección de área de régimen interior".

Para los populares, el documento de esta funcionaria significa que, "aunque formalmente la propuesta (de alquiler de la nave de Desproi) la firma la concejala" Mila Castro, "la orden parte directamente de la Alcaldía", es decir, "del denunciado Sánchez Bugallo", siempre según apuntan los populares en su denuncia remitida a los juzgados compostelanos.

En el escrito presentado en los juzgados, el PP denuncia al alcalde de Santiago y a siete concejales, uno de ellos el dimitido Pichel, todos miembros de la junta de gobierno que aprobaron el contrato. También denuncia a Desproi Promociones S.L. y piden incluir a "todas aquellas personas físicas o jurídicas" que durante la instrucción se pueda comprobar que participaron como "coautores, cooperadores, cómplices, inductores o responsables".

En el escrito presentado, el PP apunta que la actuación de los denunciados es presuntamente constitutiva de varios delitos contra la Administración Pública, tales como "prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude en la contratación, negociaciones prohibidas a funcionarios y aquellos otros que puedan surgir de la instrucción".

El interventor municipal pidió una aclaración el 28 de noviembre de 2022 al respecto del pago de nueve facturas, al "tratarse de facturas posteriores a los cuatro meses autorizados por la junta de gobierno". Se podían autorizar prórrogas de no existir unas nuevas instalaciones, pero el contrato incluyó un año inicial prorrogable automáticamente por periodos de un año "sin referencia a la disponibilidad de terrenos".

En la denuncia se recuerda que "no consta", al PP, si hubo respuesta, pero sí hay un informe del interventor del 29 de diciembre de 2022 en el que se deja constancia de la "omisión de la función interventora" y de "irregularidades detectadas", que darían lugar a una contratación "nula de pleno derecho", pese a lo cual, la junta de gobierno local del 30 de diciembre de 2022 "autoriza y reconoce la obligación de pago" a la sociedad adjudicataria.

Los populares también reseñan las resoluciones de la concejala de Hacienda, Marta Abal, por la que se "compensan las deudas" con la empresa Desproi, de 126.060,28 euros, más 56.683,34 de intereses, recargos y costas, lo que hace un total de 172.743,72 euros, por tributos municipales impagados.

En días pasados, trascendió que la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, Mercedes Rosón (una de las denunciadas), firmó un decreto con fecha del 17 de abril en el que se ordenaba el cierre (en un plazo de cinco días) del local de Desproi, junto con la "suspensión de actividad del centro de negocios, alquiler de oficias y almacén". El nombre comercial se corresponde con Cadoiro Centro de Negocios.

Al respecto, el portavoz del gobierno local, Sindo Guinarte otro de los denunciados), ha ceñido este expediente a "una cuestión administrativa" de índole "urbanística". La empresa presentó alegaciones en el tiempo establecido, por lo que no llegó a clausurarse.