En un caso sombrío que resalta la violencia de género, el Ministerio Público ha presentado cargos serios contra Ángel R.D., a quien se le imputa el asesinato de su expareja, Beatriz L.G. Los hechos tuvieron lugar en Baiona, Pontevedra, en febrero de 2023, y se produjo ante la presencia aterrorizada de sus dos hijos pequeños.

La Fiscalía ha solicitado una condena que podría alcanzar los 33 años de prisión para el acusado. Se le acusa de un asesinato agravado por motivos de género y parentesco, además de dos cargos de lesiones psíquicas graves infligidas a sus hijos, quienes tenían 6 y 9 años en el momento de los hechos. Estos delitos se agravan, considerando el efecto devastador que han tenido en la salud mental de los menores.

El ataque fue brutal y desenfrenado: Ángel R.D. se lanzó sobre Beatriz, causándole múltiples heridas, incluso en la zona vital del hígado. La Fiscalía detalla que, aun cuando Beatriz ya yacía en el suelo, él continuó agrediéndola con el hacha en la cabeza, un acto de salvajismo que desdibujó la delgada línea entre la ira y la fría premeditación.

El Fiscal subraya que el acusado actuó con un desprecio total hacia la vida de Beatriz, logrando provocar un sufrimiento extremo no solo en ella, sino también en sus hijos, quienes, al ser testigos de la tragedia, sufrieron un daño psicológico incalculable. Esta violencia no solo pone en riesgo la vida de sus víctimas directas, sino que también deja cicatrices emocionales profundas en los más vulnerables.

La acusación también enfatiza el daño emocional infligido a los niños, quienes fueron cruelmente arrojados al escenario del crimen. La Fiscalía enfatiza que Ángel R.D. fue plenamente consciente del impacto de sus actos en la salud mental de sus hijos y aún así procedió con su ataque, un acto que les marcará de por vida.

Por estas circunstancias desgarradoras, la Fiscalía no solo pide una pena de 33 años de prisión, sino que también sugiere que se le prive de la patria potestad de sus hijos y que se le prohíba cualquier tipo de acercamiento durante 10 años. Asimismo, se requiere que no resida en Baiona por un período de 30 años y que indemnize a los menores y a los hermanos de Beatriz con un total de 525.000 euros, una suma que intenta reconocer la magnitud del dolor infligido.