24h Galicia.

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El Tribunal Supremo da luz verde a un parque eólico en Corme (A Coruña) y pone en riesgo la suspensión de otros proyectos similares.

El Tribunal Supremo da luz verde a un parque eólico en Corme (A Coruña) y pone en riesgo la suspensión de otros proyectos similares.

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia que da la razón a la Xunta de Galicia y al sector eólico, quienes llevaban meses quejándose por la paralización de proyectos. En concreto, se ha revocado la anulación de la autorización del parque eólico Corme G-3, en el municipio de Ponteceso (A Coruña), al estimar el recurso presentado por la Xunta y EDP Renovables. Esta decisión abre la puerta a tumbar múltiples suspensiones de proyectos que habían sido realizadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en los últimos meses.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha revocado la anulación que había sido acordada por el TSXG en enero de 2022. Esta anulación se refería a la resolución de la Consellería de Economía que había otorgado la autorización previa y de construcción del parque eólico de Corme G-3 el 16 de septiembre de 2019.

El TS ha estimado los recursos presentados por la empresa EDP Renovables y por la Xunta de Galicia, confirmando la resolución administrativa de la autorización previa. Según el Tribunal Supremo, la autorización no incurrió en los motivos de nulidad aceptados por el Tribunal Superior gallego.

El proyecto se trata de la repotenciación de un parque eólico ya existente, en el que se prevé reemplazar los 61 aerogeneradores actuales por siete de mayor envergadura y más avanzados. También se contempla la modificación de algunas infraestructuras y la construcción de caminos afectados. El Tribunal Superior gallego había anulado la autorización tras estimar el recurso de un particular.

La sentencia del Tribunal Supremo establece que no se cumplieron dos requisitos formales en el trámite de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, el Tribunal considera que estos requisitos no son de obligado cumplimiento según la Directiva europea sobre evaluación de repercusión de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, ni según la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

El primer requisito es la reducción a la mitad del plazo de alegaciones en el trámite de información pública, pasando de 30 a 15 días. El Tribunal considera que la reducción no es motivo suficiente para anular la autorización, ya que no impidió que el público presentara sus alegaciones. Además, según la sentencia, la reducción no puede calificarse como "irrazonable".

El segundo requisito es la consulta a las autoridades antes de someter el proyecto y el estudio ambiental al trámite de información pública. El Tribunal Supremo señala que la directiva y la ley no establecen este requisito como tal, por lo que no puede declararse la invalidez del trámite de información pública por incumplimiento de este requisito.

La sentencia destaca que este proyecto de repotenciación y modificación del parque eólico fue declarado de interés especial y tenía una tramitación prioritaria, con reducción de los plazos a la mitad. Se llevó a cabo una evaluación de impacto ambiental ordinaria, en la que se abrió un trámite de información pública de 15 días y se presentaron alegaciones que fueron informadas por el técnico autonómico. Tras esto, se presentaron documentos del proyecto corregido y se emitió la declaración de impacto ambiental y la autorización del proyecto.