El Tribunal Constitucional respalda la ley gallega de litoral, desechando la mayoría de los argumentos presentados por el Gobierno central en un recurso de inconstitucionalidad. A pesar de declarar inconstitucionales solo dos de los 72 preceptos impugnados, destaca el voto de una magistrada que advierte sobre posibles riesgos ambientales a largo plazo.

La decisión unánime del Tribunal Constitucional supone la validación de la ley gallega de litoral, la cual fue objeto de controversia después de que el Gobierno central presentara un recurso que llevó a una suspensión parcial de la normativa.

La sentencia del Constitucional, de la cual César Tolosa Tribiño es el ponente, desestima la mayoría de las impugnaciones, argumentando que Galicia no está obligada a modificar su Estatuto de Autonomía para otorgar autorizaciones relacionadas con el ordenamiento del territorio y del litoral.

El texto legal, aprobado en julio de 2023 con el apoyo del PP y la abstención del BNG y PSdeG, contempla la asunción de competencias por parte de la Xunta en la gestión del espacio marítimo terrestre.

La sentencia defiende que la regulación de los instrumentos de ordenación del litoral y los usos específicos permitidos en la zona no infringen la legislación estatal de preservación del dominio público marítimo terrestre.

A pesar de declarar inconstitucionales solo dos preceptos, la ley gallega deberá ajustarse en lo referente a los sistemas de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales, así como en el trato preferencial hacia embarcaciones gallegas.

La complejidad del caso llevó al Pleno del TC a retrasar su decisión en dos ocasiones, debido al impacto potencial que esta resolución podría tener en futuros casos relacionados con la gestión del litoral gallego.

Se destaca el voto concurrente de la magistrada María Luisa Balaguer, quien comparte la conclusión del fallo pero advierte sobre posibles consecuencias a largo plazo en cuanto a la protección medioambiental en un contexto de cambio climático.

Mientras el Gobierno gallego defiende que sus competencias están respaldadas por el Estatuto de Autonomía, el Gobierno central consideraba que la ley invadía competencias estatales al incluir el mar como parte del territorio gallego sin modificar el Estatuto.

Tras admitir a trámite el recurso en noviembre de 2023, el Constitucional se pronuncia a favor de la mayoría de los artículos impugnados por el Gobierno central, en un conflicto que ha generado tensiones entre las administraciones central y autonómica.