La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, ha calificado el reciente rechazo del Gobierno a rescatar la AP-9 como una significativa derrota para el nuevo secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Durante una rueda de prensa, Prado expresó que no le causa pena el comienzo de la carrera política de Besteiro, quien ha sido desmentido por su propio partido en menos de tres días tras su llamamiento a la gratuidad de la autopista.

Prado recalcó que el PPdeG no se rendirá en su lucha por el traspaso y la eliminación de peajes en la AP-9. Cuestionó la inminente reunión convocada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para tratar este tema, sugiriendo que este enfoque carece de una adecuada representación de todas las fuerzas políticas involucradas.

La dirigente popular usó la situación para criticar a Besteiro, asegurando que su partido ya había advertido que "un gallego no puede ser soldado de Pedro Sánchez". Según Prado, los ciudadanos gallegos han sido ignorados repetidamente debido a los aplazamientos de la discusión sobre la transferencia de la AP-9 en el Congreso, que ya se han producido en 38 ocasiones, 23 de ellas en la actual legislatura.

Prado reafirmó que los populares seguirán luchando por los intereses de Galicia y por la gratuidad de la AP-9, destacando la reciente actividad del grupo en el Congreso en defensa de la AP-53, donde aún no se han visto avances prometidos hace meses.

En relación a la convocatoria de la Fegamp, enfatizó la necesidad de que esta organización escuche a todos los partidos políticos antes de realizar pronunciamientos en su nombre. También criticó que el actual liderazgo en la Fegamp, bajo el alcalde socialista de Vilagarcía, haya fallado en incluir a miembros del PP en el diálogo.

Por último, Prado subrayó que si se desea un verdadero debate sobre la cuestión, el PP tiene que ser parte de la conversación. Insistió en que el presidente socialista y sus aliados nacionalistas están actuando solo en nombre de su propio partido, lo que limita seriamente la efectividad de las negociaciones respecto a la transferencia de la AP-9.