SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 de julio.

En una movida respaldada por la defensa de los derechos de las mujeres, el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña ha llevado ante el Tribunal Supremo su oposición a la reciente decisión que extiende la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Santiago a varias localidades de la provincia, creando así una centralización de la justicia en la capital gallega.

El Colegio ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el que solicita la anulación de ciertos artículos del Real Decreto 422/2025, que establece la creación de nuevas plazas en las secciones dedicadas a la violencia de género. En particular, los artículos impugnados conceden al juzgado de Santiago la autoridad sobre los partidos judiciales de Noia, Ribeira y Muros, entre otros, lo que ha generado gran preocupación entre los representantes legales de la región.

En un comunicado oficial, el organismo advierte que esta normativa atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres que sufren violencia de género, ya que las obligaría a recorrer distancias de hasta 70 kilómetros para recibir justicia, lo cual representa un obstáculo significativo en el acceso a la protección legal.

Con la implementación de estas agrupaciones de partidos judiciales programadas para el 31 de diciembre de 2025, el Colegio de Abogados ha solicitado una medida cautelar que suspenda la aplicación del artículo 6 del mencionado Real Decreto.

Si esta normativa hubiese estado en vigor en 2024, se estima que 314 mujeres que han sido víctimas de violencia habrían enfrentado una limitación en su derecho a la defensa y asistencia, aumentando el riesgo de revictimización y desalentando a otras a interponer denuncias.

Asimismo, el Colegio subraya que esta normativa contraviene la Medida 169 del renovado Pacto de Estado contra la violencia de género 2025, lo que lo convierte en un claro desdén hacia las mujeres afectadas, particularmente en relación con la distancia que deberán recorrer para recibir ayuda.

Por todo ello, se plantea que la medida también tiene un impacto negativo en la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita, dificultando la atención inmediata y comprometiendo la unidad de defensa legal para las mujeres que padecen violencia de género, lo cual afecta directamente a los abogados asociados a estos partidos judiciales.