Un golpe significativo a la delincuencia ambiental ha tenido lugar en la ría de Ferrol, donde la Policía Nacional ha logrado desmantelar un consorcio criminal internacional que se dedicaba a la extracción ilegal de marisco. Esta operación ha culminado con la detención de 14 individuos, de los cuales uno ha sido arrestado en Portugal, todos ellos acusados de formar parte de una organización delictiva y de cometer delitos contra la salud pública, así como infracciones que afectan a la flora y fauna del entorno, además de falsedad documental.

La operación, conocida como Operación Capilla, se ha llevado a cabo en colaboración con la Policía Autonómica de Galicia y la Policía Marítima de Portugal, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol y con el apoyo de la Fiscalía de Medio Ambiente. Este esfuerzo coordinado pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra delitos que socavan tanto la economía como la biodiversidad.

En una rueda de prensa celebrada recientemente en A Coruña, Juan José Castro García, jefe de la sección de delitos contra el Consumo, Medio Ambiente y Dopaje, ofreció detalles cruciales sobre la organización desarticulada. Según Castro, esta red contaba con un equipo de furtivos que se encargaban de capturar marisco de manera ilegal. Una vez obtenido el producto, este era vendido a miembros de la organización que lo almacenaban en viviendas particulares y en depuradoras ilegales, buscando luego introducirlo en el mercado español utilizando documentación falsificada, eludiendo así el control sanitario correspondiente.

En el transcurso de la investigación, los agentes llevaron a cabo hasta seis registros, de los cuales cuatro se realizaron en Ferrol, uno en otra localidad de la provincia de A Coruña y otro en Gafanha de Nazaré, en Portugal. Como resultado, se incautó más de una tonelada de marisco en mal estado, se encontraron 79.000 euros en efectivo, ocho piscinas equipadas con sistemas de depuración, un arma corta, y un gran volumen de documentos falsificados.

Las indagaciones comenzaron tras recibir informes sobre varios furtivos que operaban en la ría de Ferrol. Estos individuos entregaban el marisco a un responsable, quien se encargaba de almacenarlo, a pesar de que ya había acumulado varias actas administrativas previas. A partir de este punto, los agentes intensificaron su investigación, que pronto se extendió a Portugal, como explicó Castro.

La pesquisa reveló que los investigados utilizaban procesos de blanqueo para disimular la trazabilidad del marisco, presentándolo como si su actividad fuera legal. Este producto, que carecía de los controles sanitarios exigidos, representaba un grave riesgo para la salud pública, poniendo en peligro a los consumidores que adquirían estos productos sin ninguna garantía de seguridad alimentaria.

Juan José Castro García también destacó que los furtivos recolectaban marisco en áreas consideradas como residuales, específicamente en zonas catalogadas como C, donde el producto no es apto para el consumo humano. Lo procesaban en depuradoras ilegales antes de 'blanquear' su origen a través de empresas legítimas, utilizando documentación falsificada para poner el marisco en manos de los consumidores.

A medida que avanzaba la investigación, se constató que el grupo no sólo obtenía marisco de furtivos españoles, sino que también importaba illegalmente productos de su contraparte en Portugal. Esto llevó a la necesidad de realizar vigilancia conjunta con la Policía Marítima Portuguesa para seguir el rastro de estas actividades delictivas.

Por el momento, y como indicó Castro, no se ha encontrado evidencia de personas que hayan sufrido problemas de salud atribuibles al consumo de este marisco. Sin embargo, la Policía Nacional continuará sus esfuerzos para determinar si estos productos han afectado la salud de algún consumidor, enfatizando la necesidad de proteger tanto a los ciudadanos como a los ecosistemas marinos amenazados por prácticas ilegales y peligrosas.