En un juicio celebrado en Lugo, cuatro de los cinco acusados en la Operación Carioca, la mayor trama de prostitución de Galicia, aceptaron los cargos en su contra tras alcanzar acuerdos con la Fiscalía. Entre los implicados se encuentran tres proxenetas y el cabo de la Guardia Civil, Armando Lorenzo, cuya pena de prisión no superará los seis años, a pesar de que inicialmente se solicitaban 21 años por varios delitos, incluyendo agresión sexual.
Durante la primera vista, tanto la Fiscalía como los abogados de los acusados reconocieron que existían "términos de conformidad" entre las partes, y se adelantó que las nuevas penas serán inferiores a seis años de prisión. Los detalles de los acuerdos se conocerán en la siguiente sesión del juicio, donde se espera que se limite al pago de una multa para los proxenetas implicados.
Los cuatro acusados que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía admitieron su culpabilidad ante la jueza, mientras que el quinto, Julio Baquero, jefe del EMUME, se negó a firmar el acuerdo y declarará en la siguiente sesión. Su abogado ha solicitado la nulidad de las actuaciones, argumentando que la investigación estuvo marcada por "vulneraciones del derecho de defensa" y un abuso de testigos protegidos.
Ante la dilación de más de 16 años de la instrucción, los abogados de los acusados y la acusación criticaron el largo proceso, calificándolo de "ejemplo de antijusticia". La abogada de uno de los proxenetas destacó la necesidad de poner fin al juicio, mientras que otro letrado señaló la instrucción como un caso ilustrativo de lo que no debe ser la administración de justicia.
En respuesta a los acuerdos entre la Fiscalía y los imputados, la Plataforma contra la Impunidad del Caso Carioca convocó una protesta en los juzgados de Lugo, denunciando los "acuerdos de la vergüenza" y exigiendo justicia para las víctimas de trata involucradas en la investigación.
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