VIGO, 9 de enero. Un hombre de 51 años ha sido condenado a una pena de dos años y un mes de prisión tras atropellar a un peatón en Vigo, dejándolo en un estado vegetativo. El conductor, que carecía de licencia debido a la pérdida de todos sus puntos, había consumido drogas en el momento del incidente.

La audiencia, que se llevó a cabo en el Juzgado de lo Penal número 3 de la ciudad gallega, se desarrolló en la mañana de este jueves. Durante la sesión, el acusado admitió los cargos, lo que le llevó a aceptar una pena de dos años y un mes de cárcel por conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes y por lesiones imprudentes.

Asimismo, el tribunal le ha impuesto una prohibición de conducir durante cuatro años, lo que significa la anulación definitiva de su licencia. Adicionalmente, el infractor aceptó realizar 50 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad debido a la violación de la normativa vial por conducir sin carné.

Los hechos que llevaron a esta condena ocurrieron en la tarde del 8 de febrero de 2022, en la Avenida de Ramón Nieto. El condenado, que circulaba a casi 80 kilómetros por hora en una zona con un límite de 40 km/h, arrolló a un peatón que cruzaba el paso de cebra, quien no tuvo posibilidad de esquivarlo.

Como resultado del impacto, el peatón, un hombre de 41 años en aquel momento, fue proyectado hasta 36 metros. Las pruebas realizadas por la Policía Local tras el accidente determinaron que el conductor dio positivo en múltiples drogas, incluyendo cocaína, anfetaminas, morfina, codeína y THC, además de confirmar que no contaba con la licencia de conducir vigente.

La víctima del atropello sufrió un severo traumatismo craneoencefálico y otras lesiones graves, lo que requirió múltiples intervenciones quirúrgicas. Posteriormente, se le diagnosticó un estatus epiléptico y, tras una traqueotomía, sufrió infecciones respiratorias multirresistentes que le han dejado con secuelas severas, quedando en un estado vegetativo permanente.

Al momento del accidente, la víctima ya contaba con un diagnóstico de incapacidad absoluta y permanente, que se ha agravado a un estado de gran invalidez, convirtiéndose en una persona completamente dependiente, incapaz de comunicarse, alimentarse o caminar por sí misma.

La Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de tres años de prisión y la pérdida permanente del permiso de conducir, además de una indemnización de más de tres millones de euros a la víctima, que fue acordada a través de un convenio extrajudicial con la compañía de seguros.