En la tarde del lunes, la dirección del Partido Socialista ha confirmado oficialmente a Carmela López como la candidata a la presidencia de la Diputación de Lugo, tras la dimisión de José Tomé por una acusación de acoso sexual que ha destapado un intenso debate político. Por su parte, el Partido Popular ha criticado vehementemente esta decisión, calificándola de "pacto de la vergüenza" y señalando que se trata de una situación insostenible para la política local.

El pleno extraordinario, programado para este miércoles a las 12:00 horas, será el escenario donde se elegirá al nuevo líder o líderesa del organismo provincial, a raíz de la reciente crisis que ha sacudido el PSOE en Lugo. Con la dimisión de Tomé en diciembre, las expectativas y tensiones políticas han alcanzado un punto álgido.

Desde el seno del PSOE, se ha indicado que la sede central del partido, Ferraz, respalda la decisión de la gestora del PSOE Lugo, lo que ha facilitado el inicio de negociaciones con el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Se espera que estos diálogos culminen en un acuerdo hoy, en un intento por mantener el control de la Diputación frente a un PP que ostenta la mayoría de los votos.

En este contexto, el grupo del Partido Popular ha aprovechado para hacer un llamado a un cambio significativo en la gestión provincial. Su portavoz, Antonio Ameijide, ha manifestado la necesidad de "aire fresco" y una ruptura con prácticas poco éticas. Además, han confirmado su intención de presentar una candidatura alternativa a la de Carmela López, requiriendo una coalición con el apoyo de Tomé y el BNG para alcanzar la mayoría necesaria para la elección.

Ameijide, rodeado por sus colegas del grupo popular, ha acusado al PSOE de perpetuar una situación de gobierno dominada por conflictos internos y decisiones poco transparentes. Ha subrayado la influencia persistente de José Tomé en el toma de decisiones de la Diputación, en lo que él denomina reuniones "en las sombras".

El portavoz del PP también ha realizado un análisis crítico sobre la crisis que ha venido desarrollándose desde diciembre, cuestionando la coherencia de la narrativa del PSOE respecto al caso de acoso, mencionando hasta cuatro versiones distintas sobre los hechos y responsabilizando a Pilar García Porto por no actuar antes de que la situación se hiciera pública.

Además, Ameijide ha denunciado la falta de equidad en la distribución de fondos provinciales y cómo estos parecen responder más a afinidades políticas que a verdaderas necesidades de los municipios. Según él, esta situación se traduce en una percepción de "compra de voluntades" por parte del PSOE, favoreciendo a sus propios territorios por encima de otros.

Por su parte, el BNG también ha sido objeto de dura crítica por parte de Ameijide, quien los ha calificado de cómplices en encubrimientos, además de denunciar que mientras el BNG estaba ausente en las juntas de gobierno, se gestaban convenios de asignación de fondos que favorecían a sus propios intereses.

Sin embargo, Efrén Castro, representante del BNG, ha contestado a estas acusaciones rechazando la narrativa del PP y afirmando que los acuerdos alcanzados no son resultado de negociaciones encubiertas, sino el resultado de un funcionamiento normal del gobierno provincial. También ha rebatido las afirmaciones de Ameijide sobre la gestión de los convenios, defendiendo su legitimidad y transparencia.

Finalmente, el grupo popular ha insistido en la urgencia de un cambio real en la administración de la Diputación, advirtiendo que mientras se mantenga el statu quo, prevalecerán el sectarismo y la desigualdad entre los municipios. Reiteran la necesidad de un nuevo enfoque que priorice los intereses de toda la ciudadanía, buscando un futuro más equitativo para la provincia de Lugo.