La Comisión de Fiestas de Coia ha expresado su descontento con las dificultades que enfrenta y ha subrayado las repercusiones económicas que conlleva la cancelación de sus celebraciones.

En una reciente declaración, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha afirmado que su administración no está en contra de la realización de las festividades, sino que su principal preocupación es el cumplimiento de las normativas vigentes. "Es fundamental seguir la ley", añadió.

Caballero explicó que su negativa a validar el plan de autoprotección presentado por la Comisión se debe a varios errores en la documentación, incluyendo la falta de información sobre los responsables de las atracciones. Según el alcalde, estas inconsistencias deben ser corregidas de manera adecuada.

A pesar de haber triplicado las subvenciones destinadas a las fiestas, Caballero enfatiza que su respeto por la normativa es innegociable. "Las decisiones no son políticas, son técnicas y están orientadas a proteger la seguridad de los ciudadanos", comentó, al tiempo que reiteró la necesidad de que las festividades sigan todos los procedimientos requeridos.

Por su parte, el alcalde criticó al Partido Popular por lo que considera un intento de aprovechar la situación y responsabilizarlo de la anulación de la tradición festiva. Al respecto, aclaró que las reglas en cuestión fueron aprobadas por el Parlamento y que, según su criterio, el PP está malinterpretando la situación al pedir que se ignoren las leyes establecidas.

La Comisión de Fiestas, ante esta problemática, compareció ante los medios para explicar las razones detrás de su decisión de suspender los actos programados. Informaron que el Ayuntamiento les comunicó que su plan de autoprotección, presentado a principios de mes, no había sido aceptado y que no podrían atender a las correcciones señaladas en el tiempo estipulado, que era de solo cinco días.

Manuel Carrera, presidente de la Comisión, destacó que presentaron toda la documentación requerida y que elaboraron el plan siguiendo las directrices del año anterior. En su opinión, "lo que funcionó antes no debería ser un problema ahora", especialmente cuando las normativas no han cambiado.

Carrera también señaló que el Ayuntamiento les está exigiendo cumplir con requisitos que, a su juicio, son imposibles de satisfacer, y alertó sobre el impacto negativo que la cancelación de la fiesta tendrá no solo para la organización, sino también para la economía local.

En referencia a las pérdidas, destacó que la falta de atracciones se traduciría en una reducción del 80% de sus ingresos, además de las posibles penalizaciones que enfrentarán por no poder contratar a las orquestas que ya tenían previstas, tales como la orquesta Panorama.

Asimismo, enfatizó las consecuencias que la cancelación tendrá para pequeños negocios de la zona, como supermercados y restaurantes, muchos de los cuales ya habían hecho pedidos especiales y programado refuerzos de personal para esos días, anticipando un aumento en la afluencia de clientes.

Por último, la Comisión de Fiestas subrayó que el año pasado hubo una mayor flexibilidad en la aplicación de la normativa, y lamentaron no haber sido advertidos sobre un cambio en los criterios o un endurecimiento en las exigencias. Además, expresaron su frustración al señalar que tanto la concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez, como el alcalde, Abel Caballero, no se han mostrado dispuestos a mantener un diálogo con ellos.