Un amplio grupo de 46 individuos y 5 entidades jurídicas se encuentra bajo el escrutinio de la justicia española debido a su presunta participación en la red de narcotráfico que ha operado en Galicia, conocida como la organización del narco gallego.

La Audiencia Nacional (AN) comenzará este lunes el juicio contra Gonzalo Boye, abogado del ex-presidente catalán Carles Puigdemont, quien enfrenta cargos por blanqueo de capitales en una acusación que también recae sobre el reconocido narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, entre aproximadamente cincuenta co-acusados.

Boye fue señalado por la magistrada María Tardón del Juzgado Central de Instrucción número 3 por su supuesta complicidad en un plan que buscaba recuperar una suma de 889.620 euros que las autoridades habían confiscado en el aeropuerto de Madrid Barajas a miembros de la red de Sito Miñanco en febrero de 2017.

La operación, que involucraba a mensajeros que transportaban dinero escondido en una maleta con destino a Colombia, fue interrumpida por la policía, lo que llevó a los narcotraficantes a contactar a Boye y a otro abogado, Jesús Morán Castro, quienes se encargaron de redactar documentos para justificar el origen del capital incautado.

Por lo tanto, Boye junto con otros dos abogados se verá en el banquillo de los acusados por su alegada participación en la creación de documentos y contratos que permitirían el regreso del dinero confiscado. La fiscalía reclama para Boye una pena de 9 años y 9 meses de prisión, además de una multa de 2,7 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos oficiales.

En el caso de Sito Miñanco, la Fiscalía Antidroga ha solicitado una condena de 31 años y 6 meses de cárcel, además de una multa de 950 millones, por su implicación en actividades relacionadas con el narcotráfico, blanqueo de capitales y falsificación documental dentro del contexto de una organización criminal.

Todos los acusados están relacionados con la investigación que se llevó a cabo en el marco de la 'operación Mito', la cual se centró en la red que supuestamente lideraba Sito Miñanco, la cual intentó sin éxito introducir más de 4.000 kilos de cocaína en España en dos ocasiones que ya habían sido frustradas por las autoridades desde 2016.

Según el acusador, esta organización se dedicaba principalmente a la importación y distribución de drogas, con foco especial en la cocaína, así como al blanqueo de capitales, todo mientras Sito Miñanco cumplía un régimen de tercer grado penitenciario, resultado de una condena anterior de 16 años y 10 meses de prisión.

Durante este tercer grado, Sito Miñanco estaba autorizado a trabajar en un aparcamiento en Algeciras, pero según las acusaciones, su verdadera labor seguía siendo la introducción de drogas en España, ya que mantenía la confianza de los proveedores y contaba con la logística necesaria para tales actividades ilícitas.

El escrito del fiscal describe a Sito Miñanco como alguien que se rodeaba de un grupo de individuos con vasta experiencia en el crimen organizado, dispuestos a cumplir cualquier orden que se les impusiera dentro del ámbito narcotraficante, lo que refuerza la idea de que el narcotráfico era su forma de vida perpetua a pesar de las condenas previas por delitos contra la salud pública.

El Ministerio Público resalta que la estructura de la red era profundamente personalista, estableciendo que todas las decisiones relevantes eran tomadas o supervisadas directamente por Sito Miñanco, quien utilizaba el alias de Mario, a pesar de las restricciones que su régimen penitenciario podía implicar.

Para evitar la atención de las fuerzas de seguridad, Sito Miñanco confiaba en su segundo al mando, Enrique García Arango, y en Juan Antonio Fernández Fernández, una de sus personas más cercanas. Por debajo de ellos, operaban cerca de quince individuos encargados de las distintas facetas del narcotráfico, incluyendo transporte, logística y vigilancia.

Con el fin de ocultar los ingresos generados por sus actividades delictivas, Prado Bugallo había establecido una estructura empresarial, controlada efectivamente por él, aunque aparentemente registrada a nombre de terceros.

Además, había implementado el uso de mensajeros que participaban en la ocultación del dinero provenientes de su actividad ilícita, cuya ruta final era hacia Colombia.

Detallando la labor de investigación, la fiscalía reveló que dos importantes operativos de la red fueron detectados: uno en octubre de 2017 cuando un buque llamado Thoran fue interceptado con 3.3 toneladas de cocaína; y otro en noviembre de ese mismo año, cuando se confiscó un contenedor que contenía 615 kilos de la misma droga en los Países Bajos.

La complejidad de las operaciones llevó a Sito Miñanco a asociarse con Raymond Van Rij, quien tenía conexiones con proveedores en Ecuador y capacidad de almacenamiento en los Países Bajos, uniendo esfuerzos para completar sus planes de introducción de drogas en Europa.

A pesar de su dedicación, el Thoran fue abordado por las autoridades en las cercanías de las Azores, resultando en la detención de la tripulación turca y del capitán azerbaiyano.

Curiosamente, se destaca que el buque desactivó su sistema de localización sin razón aparente mientras navegaba cerca de Guyana, lo que levantó sospechas sobre la naturaleza de sus actividades.

Aunque el juicio está programado para iniciar este lunes, algunos acusados han solicitado su suspensión argumentando que uno de los involucrados se halla cumpliendo condena en Senegal y que su presencia es necesaria para garantizar el derecho a una defensa equitativa.

El tribunal, en su primera sesión en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, deberá decidir si accede a esta solicitud o si procede con el juicio como estaba previsto.

Además, los magistrados han accedido a que Sito Miñanco y otros acusados declaren al final del juicio, una vez concluido el testimonio de testigos y expertos que se hayan convocado.

Cabe señalar que, tras la presentación de la acusación formal, dos de los 48 acusados han fallecido, lo que resultará en la extinción del caso en su contra.