Los partidos socialistas han expresado sus inquietudes respecto a los pagos que la Xunta de Galicia habría realizado a la consultora de exministro Cristóbal Montoro por una presentación de solo 27 diapositivas sobre la fusión de las cajas gallegas, un material que consideran "carente de valor técnico".

En un acto celebrado en Santiago de Compostela, el BNG y el PSdeG han denunciado lo que consideran una falta de transparencia por parte del Gobierno regional, que ha dificultado el acceso a información crucial sobre acuerdos firmados con la empresa Altri y la sociedad Impulsa Galicia. Ante esta falta de respuesta, los nacionalistas han decidido recurrir a la justicia mediante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El PSdeG ha solicitado además la intervención de la Cámara gallega, argumentando que el rechazo de la Xunta a proporcionar documentos, como el memorando entre la Xunta y Altri y los informes contratados por Montoro, constituye un "veto informativo".

Durante una conferencia de prensa, Luís Bará, viceportavoz del BNG, reveló que su partido ha presentado un recurso administrativo para exigir la desclasificación de la información vinculada a lo que caracteriza como un "acuerdo secreto". Bará sostuvo que llevan más de un año y medio intentando obtener estos datos y alegó que hay motivos suficientes para sospechar de una relación problemática entre la Xunta y Altri.

El responsable de Medio Ambiente del BNG consideró que la falta de información sobre los acuerdos con la compañía portuguesa es una "autoacusación" del Gobierno, sugiriendo que si no hubiera irregularidades, facilitarían los datos solicitados.

El BNG fundamenta su denuncia en la opacidad que rodea el memorando de entendimiento firmado en octubre de 2021, que establece una relación de asociación entre Altri y la sociedad Impulsa, esta última con una significativa participación de la Xunta en su capital. Bará subrayó la necesidad de obtener detalles sobre el proyecto inicial que prometía crear 200.000 toneladas de fibras textiles en Galicia, y que ha evolucionado hacia un desarrollo muy diferente.

Entre los puntos que el BNG ha solicitado esclarecer está el proceso de selección que llevó a elegir a Altri entre otras empresas en el concurso internacional mencionado en el memorando, así como las condiciones establecidas para un acuerdo definitivo que nunca llegó a ser transparente.

Bará, cuestionando la modificación de la legislación industrial por parte del PP, alertó sobre la posibilidad de que estas reformas favorezcan a las empresas que actualmente buscan recuperar inversiones de proyectos no aprobados, sugiriendo que se había previsto proteger esos intereses desde el ámbito gubernamental.

Desde el Grupo Socialista, los diputados Aitor Bouza y Patricia Iglesias también han elevado sus quejas ante la Cámara, denunciando la "falta de transparencia" del Ejecutivo de Rueda hacia el "memorando secreto" y los informes pagados a Montoro, indicando que podrían adoptar medidas legales si la situación no mejora.

Iglesias acusó al Gobierno gallego de fomentar una cultura de "opacidad" y "clientelismo", al no permitir el escrutinio público de las operaciones relacionadas con la empresa Impulsa, que nació en un contexto de secretismo.

La diputada recordó que, a pesar de que la Xunta se escuda en la naturaleza privada de la empresa, esta posee una significativa participación pública, lo que debería permitir un escrutinio más riguroso de sus actividades.

Además, Bouza señaló que la Xunta ha desembolsado más de 170.000 euros a Equipo Económico, empresa creada por Montoro, destacando que, a pesar de tener acceso a los documentos, la información obtenida no ha sido de utilidad, ya que el contenido carece de sustancia real y se limita a una presentación superficial.

El parlamentario hizo hincapié en que el trato del Gobierno gallego hacia el control parlamentario es "inaceptable", denunciando una estrategia que tiene como objetivo ocultar el uso de fondos públicos en beneficio de intereses políticos particulares. Bouza recordó que, coincidiendo con la llegada de Feijóo al Gobierno, se encargaron informes a esta consultora que no reflejan la realidad gallega.