Una controversia ha surgido en torno a la empresa farmacéutica Farmadismo S.L., ubicada en Lugo, luego de que se confirmara que la compañía realiza una serie de donaciones a una entidad constructora, supuestamente para la adecuación de almacenes. Sin embargo, Farmadismo rechaza las acusaciones de soborno, argumentando que estas denuncias son infundadas.

La investigación, que está siendo llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, se centra en el gerente de la empresa bajo la sospecha de estar implicado en un delito de corrupción en transacciones internacionales, relacionado con un presunto soborno a un funcionario del Gobierno de Guinea Ecuatorial.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia han confirmado la continuidad del proceso, que todavía se encuentra en su fase inicial de instrucción y recolección de pruebas. Este caso fue objeto de un auto del Tribunal Supremo en julio, el cual abordó cuestiones de competencia y determinó que el juzgado lucense sería el encargado de llevar a cabo la investigación.

El documento del Tribunal Supremo destaca que la denuncia sostiene que el gerente de Farmadismo S.L. habría realizado pagos ilícitos a un alto cargo guineano del área de Sanidad, en el marco de una transacción relacionada con la venta de productos a Centramed, una institución asociada con el Ministerio de Seguridad Social de Guinea Ecuatorial.

Se alega que estas transacciones habrían sido discutidas en una reunión que tuvo lugar en un hotel en Madrid, así como en posteriores encuentros en las instalaciones de Farmadismo, donde el representante de Centramed se hospedó durante un tiempo considerable.

El auto judicial menciona, además, que el gerente de la farmacéutica realizó un depósito de dinero en una cuenta personal del ministro implicado, como parte del supuesto soborno para facilitar la obtención de contratos de ventas farmacéuticas. Según informes policiales, estas supuestas gestiones se llevaron a cabo durante la estancia del funcionario en dos hoteles en Lugo.

Finalmente, dado que gran parte de la actividad delictiva se presume que ocurrió en Lugo y se relaciona con las cuentas bancarias de la empresa allí, el Tribunal Supremo ha determinado que el juzgado lucense tiene competencia sobre el caso, que avanza en sus diligencias.

A través de su abogado, Xosé Manuel Fernández Varela, Farmadismo ha reconocido la existencia de la investigación, aunque sostiene que no hay pruebas de corrupción internacional. Aseguran que el cuestionado pago estaba destinado a "mantener las operaciones" de la compañía en Guinea, donde suministran medicamentos de manera continua.

Fernández Varela aclaró que dichas transacciones no se realizaron a ningún funcionario, sino que el dinero fue destinado a una empresa constructora encargada de adecuar almacenes en dos ciudades de Guinea Ecuatorial, donde actualmente gestionan sus envíos.

La empresa ha expresado su confianza en que, una vez finalizadas las diligencias, el caso sea cerrado sin repercusiones, reafirmando su compromiso con la transparencia y su disposición para colaborar con la investigación. También anunciaron que planean presentar acciones legales contra quien hayan calificado como el denunciante falso, tras la conclusión del proceso judicial.

El representante legal de Farmadismo destacó que la empresa estuvo plenamente cooperativa durante las revisiones de sus instalaciones y que su gerente no ha enfrentado restricciones personales durante el transcurso del procedimiento, lo que permite que la compañía continúe operando sin inconvenientes.