SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 de enero. Trece años después de una de las tragedias más devastadoras en la historia del ferrocarril español, el proceso judicial por el descarrilamiento en el barrio de Angrois sigue su curso. Este accidente, que resultó en la pérdida de 80 vidas y dejó a más de un centenar de personas heridas, aún espera el dictamen de los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña respecto a los 108 recursos presentados contra la sentencia emitida.

La sentencia, que se conoció en julio de 2024, dictaminó una pena de dos años y medio de prisión para el maquinista Francisco Garzón y el exjefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. Fueron considerados responsables del descarrilamiento de un tren Alvia en la curva de A Grandeira, cercano a la estación de Santiago.

La jueza del Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad gallega determinó que ambos fueron culpables de un total de 79 delitos de homicidio, excluyendo a una de las víctimas que falleció días después del accidente, así como de 143 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave. La responsabilidad del maquinista se atribuyó al exceso de velocidad, mientras que Cortabitarte fue señalado por la falta de un análisis riguroso de riesgos en una sección de la vía que carecía de un sistema de seguridad óptimo para prevenir errores humanos.

El juicio, un ambicioso proceso que se extendió por nueve meses y concluyó en julio de 2023, incluyó una exhaustiva investigación que duró ocho años, en la que se recopilaron miles de documentos y se realizaron múltiples aperturas y cierres judiciales, motivados en gran parte por las protestas constantes de las víctimas en busca de "verdad y justicia". El respaldo europeo a estas demandas subrayó la gravedad del asunto, haciéndose eco del clamor general. A lo largo de esta causa, comparecieron decenas de testigos y expertos, incluyendo funcionarios de la UE.

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el pasado 19 de diciembre se votó y se falló sobre los 108 recursos presentados contra la sentencia. En este contexto, todos los actores involucrados en el proceso, desde los condenados hasta aseguradoras y afectados, aguardan con inquietud el desenlace de esta resolución judicial.

Los recursos provienen no solo de Garzón y Cortabitarte, sino también de la Fiscalía, varias asociaciones de víctimas, como Apafas, y muchas acusaciones particulares. Las aseguradoras involucradas, como Allianz Seguros y QBE, claman por una revisión de la sentencia, al igual que los responsables civiles directos como Renfe y Adif. La Fiscalía, que inicialmente presentó cargos contra los condenados, decidió en el último instante retirar su acusación contra Cortabitarte, decisión que posteriormente fue objeto de recurso. Una vez que se emita el fallo, los afectados podrán recurrir al Tribunal Supremo y, en última instancia, al Constitucional y a instancias europeas si fuese necesario.

Además, otra vía se encuentra abierta en la esfera europea, impulsada por la plataforma de víctimas del accidente, que busca presionar para una investigación técnica más rigurosa. Esta iniciativa está centrada en la labor de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que actualmente examina las causas de un accidente ferroviario distinto en Adamuz.

En febrero del año pasado, se dio a conocer que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considerará la demanda presentada por la plataforma, que exige al Estado español llevar a cabo una investigación independiente sobre el siniestro de A Grandeira. El informe previo de la CIAF atribuía completamente la culpa al maquinista por el exceso de velocidad, lo que fue rechazado por la Agencia Ferroviaria Europea por no abordar las "causas raíz", incluyendo factores como el diseño de la línea y la evaluación de riesgos adecuadas.

Para lograr una investigación exhaustiva e imparcial, la plataforma de víctimas ha presentado una demanda contenciosa en Europa, subrayando la necesidad de accountability y justicia en este trágico caso.