En un importante cambio fiscal que afectará a las principales ciudades gallegas, se ha anunciado una subida del 4% en las tasas municipales en Vigo, junto con incrementos en otros servicios como la recogida de residuos en Ourense y un recargo en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para viviendas desocupadas en Santiago. Estas medidas tendrán efecto en 2026 y han sido motivo de debate entre los diferentes partidos políticos de la región.

El gobierno de Vigo argumenta que este incremento del 4% en las tasas es necesario para garantizar la continuidad de los servicios públicos que benefician a la comunidad viguesa. Sin embargo, la oposición ha criticado el aumento, lo que refleja la tensión política en el ámbito fiscal.

En Ourense, un pleno extraordinario aprobó el aumento en la tasa de recogida de basura, apodado por algunos sectores como el "tarifazo" debido a su impacto del 44%, todo esto tras la abstención del Partido Popular y en contra del BNG y el PSdeG. Este ajuste también busca alinearse con normativas establecidas por la Unión Europea acerca de la gestión de residuos.

En Santiago, aunque la reforma que pretendía incrementar la tasa de la basura fue rechazada, sí se aprobó un recargo en el IBI para las propiedades desocupadas por más de dos años, especialmente aquellas que pertenecen a propietarios que tienen varias viviendas. Esto busca incentivar la oferta de pisos en el mercado de alquiler, una medida que se enmarca dentro de la estrategia para abordar la crisis habitacional.

Las protestas no se han hecho esperar, especialmente en la comarca de O Morrazo, donde se prevé que las nuevas tasas afecten a pueblos como Cangas, Moaña y Bueu. En A Coruña, el aumento de tarifas será gradual y se implementará con el objetivo de reducir el impacto en la ciudadanía, comenzando desde 2026 y extendiéndose hasta 2029.

De manera similar, en Vigo se está transitando de una tarifa plana a un sistema más mixto, siendo la justificación principal el incremento del canon que Sogama, la empresa de gestión de residuos de la Xunta de Galicia, cobra al Ayuntamiento. Por otro lado, varias ciudades como A Coruña, Pontevedra y Ferrol han optado por mantener congelados la mayoría de sus tributos, destacando que no ha habido aumentos en los últimos años.

A medida que se acerca 2026, los gallegos también se enfrentan a un contexto económico marcado por subidas de precios en productos básicos como la alimentación y la vivienda. A finales de noviembre, la inflación en Galicia registró un 2,8%, lo que añade presión sobre los hogares.

En el ámbito eléctrico, no obstante, se espera que los consumidores vean una disminución en sus facturas que oscilará entre el 4% y el 10% según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica, en respuesta a cambios en los costos del sistema eléctrico y proyecciones de precio de la energía.

Los precios de productos alimenticios clave, como la carne y los huevos, han subido considerablemente en el último año, con un aumento del 12% en el caso de la carne de ternera. Otros alimentos también han sufrido alzas notables, planteando un desafío significativo para los consumidores.

En cuanto al panorama del alquiler, los datos de las siete ciudades gallegas muestran un aumento en los precios, alcanzando hasta 731,6 euros en A Coruña y los 696,6 euros en Vigo, lo que refleja la creciente presión sobre el mercado inmobiliario en la región.

Por otro lado, se anunció que las pensiones contributivas se incrementarán un 2,7% para 2026, y las pensiones mínimas verán un aumento superior al 7%. El Consejo de Ministros también aprobó medidas para extender el 'escudo social' y ayudas al transporte público, buscando proteger a sectores de la población más vulnerables.

Así, se establece un paquete que incluye la congelación de cuotas para autónomos y el mantenimiento de medidas que evitan desahucios y cortes de suministros básicos. Además, se renovarán los descuentos en el transporte público y se introducirá un nuevo abono de transporte estatal.

Por último, el Ministerio de Transportes ha decretado un aumento en los peajes de las autopistas que afectará a varias rutas, aunque se ha decidido mantener congelados los peajes de las autovías autonómicas. Todo esto ocurre en un entorno económico que sigue siendo complicado para muchos gallegos.