Las preocupaciones por las expulsiones de migrantes desde los centros de acogida están aumentando, ya que se anticipan más solicitudes de asilo que serán rechazadas en las próximas semanas.

Los migrantes provenientes de naciones como Senegal y Mauritania, que no se encuentran en conflicto bélico, enfrentan el desafío de demostrar que son objeto de persecución "concreta". Esta situación complica el proceso de obtención del estatus de asilo y pone en riesgo la seguridad y bienestar de muchas personas.

En Santiago de Compostela, el recinto del Monte do Gozo acoge a alrededor de una veintena de inmigrantes, muchos de los cuales ya han visto sus solicitudes de asilo denegadas, lo que los obliga a dejar las instalaciones. Esta realidad no es un hecho aislado, según afirman diversas organizaciones no gubernamentales y algunas administraciones locales, incluyendo el Ayuntamiento de Santiago.

Las notificaciones de denegaciones de asilo se emiten cada dos semanas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las primeras cifras relacionadas con Santiago fueron publicadas el 1 de noviembre, lo que llevó a que el 15 de noviembre el consistorio local detectara que siete personas estaban en situación de vulnerabilidad y sin acceso a vivienda.

La concejala de Servicios Sociales, María Rozas, advirtió que durante esa misma semana se emitieron nuevas denegaciones que implican que algunas personas deberán abandonar el centro el 30 de noviembre. Esta continuidad de notificaciones sugiere una crisis inminente para aquellos que ya enfrentan serios desafíos en su vida diaria.

El Foro Galego da Inmigración, que fue la primera entidad en alzar la voz sobre esta problemática, indicó que las resoluciones negativas se mantendrán, dado que muchos de los solicitantes proceden de países que no están clasificados como zonas de guerra. Esto significa que deben probar que son blanco de una persecución específica, algo que muchas veces es difícil de demostrar, según reconocen los propios afectados.

Aunque el número exacto de inmigrantes afectados es complicado de determinar, Rozas anticipó que se podría ver afectado un 40% de la población acogida en estas instalaciones, lo que representaría un impacto severo en la vida de más de 300 personas que huyen de la pobreza extrema o conflictos violentos, como es el caso de Mali.

Desde el Foro, recalcan que, a pesar del derecho a recurrir ante una negativa, los migrantes deben abandonar el centro en un plazo de 15 días. Este procedimiento les deja en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad, poniendo en riesgo su bienestar en un país donde muchos aún no han conseguido establecer una red de apoyo o habilidades lingüísticas.

La denuncia también se extiende a los plazos de respuesta en el sistema de solicitud de asilo, que varían según la procedencia de los migrantes, y que para algunos puede llegar a ser un proceso tedioso que toma meses. Por el contrario, aquellas personas rescatadas en el mar suelen ver acelerar su proceso, aunque chocan con el mismo sistema congestionado que afecta a la mayoría.

Algunos de los refugiados en el Monte do Gozo ya han optado por mudarse a otros lugares donde cuenten con algún tipo de apoyo, pero al menos siete personas se encuentran en una situación crítica, sin familiares o amigos que puedan ayudarlos a rehacer sus vidas.

Frente a este panorama, tanto el Ayuntamiento de Santiago como el Foro Galego da Inmigración abogan por ofrecer una "alternativa razonable" para estas personas, enfatizando que no se trata solo de siete individuos, sino de muchos más que podrían verse afectados por las inminentes denegaciones de asilo.

María Rozas critica la falta de recursos y el estado de abandono en que quedan muchas de estas personas, quienes a menudo no cuentan con las herramientas necesarias para integrarse en la sociedad. Confiando en que las administraciones públicas actúen con diligencia, Rozas subraya la necesidad de un compromiso real por parte de la Delegación del Gobierno.

Desde el Foro Galego da Inmigración hacen eco de esta demanda, instando a la Delegación a que garantice una alternativa viable a aquellos que no pueden ser simplemente dejados a su suerte. Las organizaciones exigen un enfoque más humano y efectivo en la gestión de estas situaciones, evitando ofrecer únicamente listas de recursos que no abordan las necesidades reales de los migrantes.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha insistido en que siempre se busca ofrecer alternativas a las personas migrantes que se encuentran en esta situación delicada, recalcando que actualmente permanecen en el Monte do Gozo mientras se gestionan sus casos.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, comentó recientemente que estas circunstancias surgen a partir de las primeras resoluciones de asilo, que varían entre las que son aceptadas y las que no cumplen con los requisitos establecidos. Asimismo, destacó que se continua trabajando con el Ayuntamiento y la Xunta para encontrar soluciones efectivas para los afectados.

En un clima de creciente desafío, Blanco apeló a la "prudencia y a la solidaridad", valores que deben prevalecer en el tratamiento de los migrantes, aunque los ayuntamientos consultados por Europa Press han indicado no tener conocimiento de situaciones similares en sus localidades hasta el momento.

A pesar de ello, desde los gobiernos locales se mantiene la disposición a reivindicar la solidaridad demostrada, tanto a nivel comunitario como institucional, y están preparados para evaluar las medidas necesarias en caso de que la situación lo requiera.