En Santiago de Compostela, el 27 de octubre marcó un día relevante para los autónomos gallegos, tras el anuncio del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González. Este planteó una medida innovadora que exime de cuotas a los nuevos emprendedores en los sectores de agricultura, ganadería y silvicultura durante dos años, comenzando en 2026. Esta iniciativa busca aliviar las dificultades que enfrentan estos profesionales en sus primeros pasos.

Durante su intervención en el Parlamento, González presentó el presupuesto de su departamento para el 2024, que asciende a 497,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 0,1% respecto al año anterior. Entre los recursos destinados, se incluyen 40,7 millones de euros específicamente para apoyar a los autónomos, haciendo hincapié en la importancia del relevo generacional en las áreas rurales. Asimismo, se contempla el Bono Remuda, que aumenta en un 20% su inversión, alcanzando los 1,5 millones para asegurar la continuidad de los negocios.

El conselleiro también reveló que 30 millones de euros estarán dedicados a programas orientados a la retención del talento joven. Entre las iniciativas destacadas se encuentran la Primeira Experiencia Profesional, Galicia Emprega Mozos e Investigo, que suman casi 15 millones en total. Además, se destinarán 2,5 millones a las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior y 7 millones al programa Galicia Emprega Muller, entre otros.

Las iniciativas dirigidas al empleo y al desarrollo rural recibirán una inversión próxima a los 74 millones de euros. De este monto, 44 millones se asignarán a talleres de empleo, con la mitad de esa cifra enfocada en el sector agro. Asimismo, se introducirá un nuevo apoyo para la contratación de coordinadores municipales para la prevención de incendios en el marco del programa Aprol Rural.

Con la mirada puesta en el futuro, se lanzará un proyecto piloto en 2026 que abordará la formación en competencias digitales, con un presupuesto de 5 millones. Además, se anticipan acciones formativas para desempleados con una inversión de 60 millones, así como nuevas oportunidades de capacitación en empresas que se comprometan a la contratación, añadiendo otros 8 millones en formación para empleados ya en activo.

También se hizo eco de la creación de una oficina para la atracción de talento en 2026, que coordinará esfuerzos para facilitar el retorno de trabajadores a Galicia. Las ayudas particulares para el regreso de estos profesionales se incrementarán en más de un 20%, alcanzando los 2,8 millones de euros.

En el sector del comercio, el conselleiro compartió planes para adquirir un inmueble en Santiago que albergará la Casa do Artesán, el nuevo centro de la Fundación Artesanía de Galicia, que incluye una exposición permanente de obras artesanales. Además, el desarrollo del Plan de Comercio de Galicia 2025-2030 promete apoyar la digitalización y modernización del comercio, así como la mejora de las plazas de abastos y áreas comerciales.

En el marco del debate, el diputado del BNG, Ramón Fernández Alfonzo, destacó el preocupante incremento de muertes laborales en Galicia, que hasta agosto registró 43 fallecimientos, cuatro más que en el mismo período del año anterior. Criticó a la Xunta por su "falta de acción" ante esta realidad, señalando que la comunidad presenta algunos de los peores registros a nivel nacional.

Pese a estas preocupaciones, la portavoz de Emprego del Grupo Socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, subrayó que la actual inversión de la Xunta en términos reales es inferior a la de gobiernos anteriores, advirtiendo que se requerirían 116 millones más solo para mantener el nivel de inversión acorde con la inflación. Agregó que la ejecución de presupuestos en el área de empleo ha sido insatisfactoria, con más de 2.400 millones sin utilizar desde 2009.

Por su parte, Noelia Pérez, del PPdeG, planteó que el Bloque de izquiera "criminaliza a quienes generan riqueza", sugiriendo que ese enfoque no es útil para prevenir accidentes laborales. En respuesta, González reafirmó el compromiso del gobierno con la creación de una mesa de diálogo social enfocada en abordar la siniestralidad laboral y el absentismo, anticipando que se implementará en 2026 una estrategia centrada en el bienestar laboral.