FERROL, 12 de noviembre. Un reciente fallo del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol ha llevado a Lidl Supermercados SAU a enfrentar una condena económica de 50.000 euros, a ser repartidos entre 76 empleados de su plataforma logística en Narón, A Coruña. La decisión judicial responde a la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, específicamente su derecho a la huelga, en el marco de un conflicto laboral que se extendió de febrero a mayo de 2023.

La sentencia dictada por la magistrada confirma que la práctica de "esquirolaje organizativo" fue utilizada por la empresa, lo que implicó redirigir parte de las tareas de la plataforma de Río do Pozo a otros centros logísticos de Lidl. El objetivo detrás de estas acciones fue "minimizar los efectos" que la huelga estaba teniendo. Cabe destacar que esta conducta ya había sido reputada como ilegal en un fallo anterior, que obligó a la multinacional a indemnizar al sindicato CIG con 25.000 euros por daño moral colectivo.

El conflicto laboral, que se inició de manera indefinida el 14 de febrero de 2023, fue convocado debido al "reiterado incumplimiento" del convenio en cuanto a horas extras, y contó con la participación activa de 96 trabajadores de la plataforma. En respuesta, Lidl optó por desviar rutas de abastecimiento para 27 tiendas situadas en Galicia, Asturias y León hacia su plataforma en Nanclares de Oca, Álava, apenas diez días después de que comenzara la huelga, acción que carecía de justificación organizativa válida.

Si bien Lidl argumentó que su modelo logístico es flexible, el tribunal determinó que el desvío de cargas no tenía otra finalidad que tratar de reducir el impacto de la huelga. La presentación de pruebas testimoniales y documentales reveló que, incluso después de una sentencia inicial en mayo de 2023, camiones provenientes de otras plataformas continuaron suministrando productos a los supermercados de la región de Narón, un comportamiento que no cesó hasta el final del paro el 21 de mayo.

La demanda presentada no solo solicitaba indemnización por daños morales, sino también el abono de salarios y cotizaciones sociales que los trabajadores dejaron de percibir durante los días de huelga. Sin embargo, la juez desestimó esta parte de la demanda, apoyándose en una doctrina del Tribunal Supremo que establece que la pérdida de salario es un efecto inherente al ejercicio de la huelga, y no una consecuencia adicional de la conducta ilícita de la empresa.

La cifra de 50.000 euros correspondiente a la indemnización fijada se destinará a compensar los daños morales sufridos de manera individual. Esta cantidad será distribuida entre los 76 trabajadores en función del número de días que cada uno participó en la huelga, con una duración que varió entre 78 y 96 jornadas.

Es importante señalar que esta sentencia aún no es definitiva, ya que puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).