La Junta de Galicia se encuentra en el umbral de una transformación significativa en la regulación de productos que afectan la salud de los menores. Se espera que la normativa, que busca reforzar la protección de la salud pública, entre en vigor hacia finales de este año, incorporando medidas que extenderán la prohibición de fumar a áreas como las marquesinas de autobuses y las piscinas públicas.

En una reciente rueda de prensa, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció la aprobación de un ambicioso proyecto de ley diseñado para salvaguardar a los jóvenes de las adicciones. Esta legislación, que ya ha sido enviada al Parlamento gallego para su votación final, establece un marco firme contra la venta de vapeadores y bebidas energéticas a menores, considerando estos productos al mismo nivel que el tabaco y el alcohol.

Rueda subrayó que, de ser ratificada por la Cámara, Galicia se convertirá en la pionera en España en regular la venta y el uso de estos artículos por parte de la población juvenil. Esta decisión se fundamenta en un enfoque integral que reúne aportaciones de la sociedad civil, organismos públicos y expertos en la materia, buscando una respuesta colectiva para proteger la salud de las generaciones futuras.

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, enfatizó la necesidad de esta legislación, describiéndola como valiente y ambiciosa. La norma se plantea abordar no solo las adicciones a sustancias, sino también otros riesgos como el juego y el uso abusivo de tecnologías, estableciendo estrategias de prevención y promoción de la salud.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la extensión de la prohibición de fumar, que ahora incluirá los alrededores de instituciones públicas, centros educativos y sanitarios, limitando el consumo de tabaco en un radio de 50 metros. Además, el proyecto impide fumar en espacios públicos como marquesinas de transporte y en piscinas, reforzando el compromiso con la salud comunitaria.

La normativa también se adentra en el ámbito de las bebidas energéticas, poniendo de relieve los riesgos asociados a su consumo en menores. Con un contenido de cafeína que podría equivaler a tres tazas de café, se alerta sobre las consecuencias que puede acarrear el abuso de estas bebidas, desde alteraciones del sueño hasta problemas cardiovasculares.

Con este enfoque preventivo, Galicia se alinea con iniciativas similares adoptadas en otros países de Europa. La ley exige que las bebidas energéticas se exhiban separadas de los refrescos en los establecimientos, con el fin de fomentar la conciencia sobre sus efectos perjudiciales.

La combinación de bebidas energéticas con alcohol se señala como un factor que aumenta el riesgo de intoxicación, y los servicios de salud tendrán la obligación de involucrar a las familias en casos donde un menor requiera atención médica por consumo de sustancias. En caso de reincidencia, se ofrecerán programas de ayuda, así como la recomendación de la participación de un adulto responsable.

Además, la normativa incluye restricciones en la promoción de bebidas alcohólicas en los lugares donde se permite su consumo, evitando prácticas que fomenten el consumo irresponsable y establece medidas para que las máquinas expendedoras de alcohol verifiquen la edad de sus usuarios.

El proyecto introduce la posibilidad de sustituir sanciones económicas por la participación en programas preventivos, fomentando conductas responsables y comunitarias. A su vez, se pretende abordar la problemática en el entorno familiar y escolar, integrando acciones desde la infancia que toquen temas como el consumo de tabaco, alcohol y la gestión de tecnologías digitales.

Por otro lado, el Gobierno gallego ha anunciado la adquisición de nuevos equipos para el Servizo Galego de Saúde (Sergas) con una inversión de 4,8 millones de euros, destinada a mejorar los procedimientos diagnósticos en cardiología.

La Junta también ha hecho un balance de su agenda en salud, indicando la inminente licitación para la construcción de un nuevo centro de salud en Becerreá y la ampliación del centro de Baltar, con inversiones que superan los 8 millones de euros, demostrando así su compromiso con la mejora de la infraestructura sanitaria en la región.