La playa de Lapamán, un enclave natural muy apreciado por los visitantes y residentes de la localidad, disfrutará de una Semana Santa con un entorno renovado, tras el inicio de la demolición de un edificio inconcluso que ha sido un obstáculo visual en la zona. Estas obras, respaldadas por el Ayuntamiento de Marín, están destinadas a restaurar la belleza del arenal y proteger su entorno natural.

En años recientes, la parte inferior de esta construcción inacabada había sido utilizada como aparcamiento, lo que generaba molestias y afectaba la estética del lugar, especialmente durante la temporada alta de verano, cuando el aforo de visitantes aumenta considerablemente.

Este viernes, la directora de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Victoria Núñez, junto al concejal de Urbanismo de Marín, Manuel Santos, se desplazaron al sitio para supervisar los avances en el desmantelamiento de esta estructura, ubicada en el Camiño Real, un área que merece ser preservada y disfrutada plenamente por los ciudadanos y turistas.

La sentencia que añade un impulso a esta demolición proviene del juzgado del Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra, que en septiembre pasado dictó que la APLU debía asumir la ejecución subsidiaria de la demolición. Este fallo otorgó un plazo de tres meses a la entidad para proceder, destacando la urgencia de actuar en un caso de inactividad que podría resultar en un estancamiento del proceso debido a la posible prescripción de los 15 años.

La inercia de la APLU había suscitado preocupaciones respecto a las implicaciones legales y medioambientales de no llevar a cabo la demolición. Afortunadamente, los trabajos comenzaron hace unos días, centrándose inicialmente en el desmontaje de las instalaciones, lo cual permite clasificar adecuadamente los residuos y avanzar hacia una fase de demolición que empezó este viernes, 24 de enero de 2025.

Las autoridades esperan que las labores de demolición se concluyan en la primera quincena de marzo, y se han asignado cerca de 180.000 euros para asegurar que estos trabajos se realicen de manera eficiente y responsable.

Es importante resaltar que el costo de las obras recaerá sobre el propietario de la estructura, quien ha sido objeto de multas coercitivas por parte de la Xunta debido a su falta de acción en llevar a cabo la demolición como se había indicado. De esta manera, las autoridades gallegas se aseguran de que los responsables asuman las consecuencias de la situación generada.

Desde la Xunta de Galicia, se ha reafirmado un “firme compromiso” para recuperar el territorio, especialmente en áreas que requieren protección. Esta demolición es un claro ejemplo de la responsabilidad institucional en la preservación del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida en comunidades que dependen de su entorno natural, como lo es el paisaje de la costa gallega, afectado por construcciones que no respetan las normativas de protección del litoral.