La conselleira Ángeles Vázquez ha reprendido enérgicamente al BNG y al PSdeG por su oposición a la Ley del Litoral, acusándoles de no estar al lado de los gallegos.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr.

La Xunta pedirá al Gobierno central de inmediato el traspaso de los medios necesarios para gestionar la costa después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.

La titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha anunciado esta medida en respuesta a una pregunta del grupo popular.

Además, ha criticado la postura contraria del BNG y del PSdeG, lamentando que no hayan estado del lado de los gallegos.

"Después de una larga deliberación, el Alto Tribunal ha confirmado la constitucionalidad de la ley por unanimidad. Esto respalda lo que hemos defendido durante meses: que Galicia puede y debe gestionar su litoral", ha afirmado.

Vázquez ha recordado que esto está reconocido en el Estatuto de Autonomía y que la sentencia valida lo que el PP venía diciendo: que no era necesario reformar el estatuto para ejercer las competencias sobre el litoral.

Además, ha acusado al Gobierno central de presentar un recurso más político que jurídico, generando inquietud en la industria marítima. "Cuando sabíamos que la ley era lo mejor para Galicia", ha añadido.

La medida permite la gestión de los más de 2.500 kilómetros de costa gallega y ofrece seguridad jurídica a las personas que viven en la zona y a las empresas que operan allí, generando alrededor de 9.000 millones de euros anuales, casi el 5% del PIB de Galicia.

"Es una pena que rechazaran el diálogo ofrecido por la Xunta, una pena que el PSdeG y el BNG no estuvieran del lado de los gallegos y de Galicia", ha lamentado la conselleira.

La diputada Paula Prado ha criticado a Pedro Sánchez por llevar al naufragio al PSdeG y al BNG con esta decisión. "Una arrogancia convertida en ecologismo radical y de pancarta", ha señalado.

Vázquez ha destacado la falta de diálogo con Galicia en comparación con otras comunidades y ha pedido que esto no vuelva a suceder.

Según la conselleira, la paralización de la normativa refleja una diferenciación injusta entre comunidades por parte del Ejecutivo central, que otorga privilegios desiguales ante la ley.