SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 de octubre.

Este lunes, la Xunta de Galicia llevará a cabo una reunión decisiva que incluirá la creación del Observatorio Galego do Xogo, según ha revelado el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos. Esta nova entidad se dedicará a estudiar y evaluar las políticas relacionadas con el juego, con el objetivo de ajustarlas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía gallega.

El anuncio se realizó durante el 25º Congreso de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), donde Corgos destacó la importancia de abordar el juego desde una perspectiva responsable y segura.

El Observatorio no solo se encargará de la investigación y el análisis, sino que también impulsará campañas de sensibilización orientadas a promover un juego consciente y seguro entre la población, además de proporcionar información relevante sobre la situación actual del sector en Galicia.

Corgos hizo hincapié en el “compromiso firme de la Xunta” para garantizar que el juego se ejerza en un marco de responsabilidad. Este esfuerzo ha sido reflejado a través de la implementación de una normativa autonómica hace dos años que establece un marco legal adecuado para el desarrollo de actividades de juego seguras.

El conselleiro subrayó que Galicia cuenta con una de las normativas más avanzadas de España en esta materia, convirtiéndose en modelo para otras comunidades que buscan actualizar sus legislaciones sobre el juego.

Entre las disposiciones más destacadas de la ley, se encuentra la prohibición de ofrecer créditos a quienes participan en juegos y la limitación de promocionar estos productos a través de los medios audiovisuales, además de restricciones en la publicidad exterior y en el transporte público.

También se establece que todos los locales de juego, como casinos y bingos, deben implementar controles de acceso estrictos para evitar la entrada de menores y personas que figuren en el Registro de Prohibidos. Asimismo, se determina un número máximo de estos establecimientos y se contempla un proceso de adjudicación pública para las nuevas licencias.