En Santiago de Compostela, el panorama climático ha suscitado reacciones entre los gobiernos locales y la administración autonómica. A pesar de las solicitudes de algunos municipios, como Vilaboa y Cuntis, para activar el nivel 2 de emergencia del Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga), el Gobierno gallego ha afirmado que “no se presentan en este momento circunstancias” que justifiquen dicha medida. Sin embargo, las autoridades aseguran que los recursos regionales están listos y “en alerta operativa” para actuar de inmediato si la situación lo exige.

La Consellería de Presidencia, en una declaración a Europa Press, ha dejado claro que actualmente se activa el 'Plan especial de Protección Civil de Galicia ante el riesgo de inundaciones' conocido como Inungal. Este plan es un protocolo esencial para gestionar situaciones de riesgo o emergencias como las que se han reportado recientemente.

Además, el Gobierno ha enfatizado que cualquier alteración “significativa” en las condiciones climáticas será evaluada de forma rápida para implementar las medidas adecuadas según las normativas vigentes en la región.

En relación a la educación, se informó que este lunes se suspendió la actividad escolar y el transporte en las instalaciones educativas y guarderías del interior de Pontevedra, aunque se anticipa que la normalidad se restablecerá en las próximas horas.

La Xunta subraya que la interrupción de actividades educativas es una decisión “excepcional” y se toma conforme a los protocolos establecidos en el Plan de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos en el sector educativo, trabajando en concordancia con la Comisión de Alertas Escolares para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Finalmente, se indica que la evaluación para el martes se fundamenta en los avisos meteorológicos proporcionados por la AEMET y MeteoGalicia. Según la información disponible, solo está activo un aviso de nivel amarillo por viento que concluirá antes de que comience la jornada escolar, sin registrarse otras alertas que puedan representar un riesgo considerable para la seguridad de la población o para el funcionamiento habitual de los centros educativos.