En Santiago de Compostela, el 11 de noviembre, se han tomado decisiones significativas en relación con la gestión de menores migrantes en España. El Gobierno gallego ha dado luz verde a la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo, impugnando decretos que regulan el reparto de estos menores entre las diferentes comunidades autónomas, una cuestión que ya había sido llevada anteriormente al Tribunal Constitucional por igual motivo por otras regiones.

La iniciativa fue presentada por la Consellería de Política Social y confirmada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien subrayó que esta acción cuenta con el respaldo de la Asesoría Xurídica autonómica. Rueda ha expresado su preocupación sobre la falta de cooperación por parte del Gobierno central en la gestión de estos menores, lo que ha llevado a la Xunta a cuestionar la efectividad del actual sistema.

En su análisis, las autoridades gallegas critican lo que consideran un enfoque de "imposición" sin el debido planeamiento ni la financiación necesaria para abordar las necesidades de esta población vulnerable.

Por esta razón, al igual que se hizo anteriormente con el decreto ley relativo al reparto de menores, ahora se presenta un recurso contra dos normativas adicionales que desarrollan esta cuestión. Rueda ha destacado que uno de estos decretos se centra en los procedimientos para la reubicación y traslado de menores migrantes, mientras que el otro establece la capacidad de acogida que cada comunidad autónoma debe tener.