La Xunta de Galicia se encuentra en proceso de introducir cambios significativos en la legislación que rige el deporte en la comunidad autónoma, con el objetivo de fortalecer la acción popular en los casos penales relacionados con la violencia en el ámbito deportivo.

Durante la sesión plenaria programada para esta semana en el Parlamento gallego, se espera la aprobación de la modificación de la Ley del Deporte de Galicia, que desde su implementación en 2012 ha sido objeto de debate. Entre las novedades que se contemplan, se incluye un aumento en los estándares de gobernanza para las federaciones, así como una limitación en la duración de los mandatos, que no podrá superar los 20 años en total.

Un informe elaborado por la ponencia encargada de revisar la proposición de ley establece que es crucial que las federaciones deportivas adopten medidas que eleven sus estándares de buen gobierno. Esto implica la creación de principios que aseguren la correcta gestión de los recursos económicos, establezcan controles para evitar conflictos de interés y regulen la duración de los cargos electivos, con el propósito de fomentar la renovación en estas organizaciones de carácter privado que cumplen funciones públicas delegadas.

Originalmente, el Partido Popular proponía limitar a tres el número de mandatos a cuatro años cada uno. Sin embargo, tras negociaciones con el Bloque Nacionalista Galego (BNG), se ha acordado fijar un máximo de cuatro mandatos, con la posibilidad de extender a cinco bajo determinadas condiciones.

Así, el presidente de una federación podrá optar a un mandato adicional si es la única candidatura presentada, tras obtener la aprobación de los dos tercios de los miembros de la asamblea general, o si hay razones que justifiquen su continuidad. Esta extensión del mandato requerirá también la autorización previa de la administración autónoma responsable del deporte en Galicia.

Durante el debate sobre el informe, el diputado del BNG, Iago Suárez, cuestionó la urgencia de estos cambios, señalando que existen preocupaciones más apremiantes en el sector deportivo que la duración de los mandatos federativos. Además, advirtió sobre el hecho de que algunas entidades ya tienen límites establecidos en sus mandatos. Para mitigar el impacto de estos cambios, el BNG presentó una enmienda que finalmente fue aceptada por el PP.

Desde el PSdeG, la diputada Paloma Castro expresó su preocupación por los posibles "problemas técnicos y jurídicos" que pudiera acarrear la propuesta inicial del PP, argumentando que la limitación a tres mandatos podría contradecir el artículo 58.6 de la ley, que otorga esta decisión a los estatutos internos de cada entidad.

A su vez, el diputado del PPdeG, Roberto Rodríguez, insistió en que los cambios introducidos no buscan perjudicar a nadie, sino que buscan fortalecer la gobernanza de las federaciones, con un enfoque en una gestión transparente y eficiente de sus finanzas.

La modificación de la ley, que consta de cuatro artículos y disposiciones adicionales, ha sido impulsada por el Partido Popular con la intención de que la Xunta pueda ejercer la acusación popular en casos penales que surjan por actos de violencia en el contexto deportivo.

Este movimiento legislativo surge a raíz de un incidente trágico ocurrido en febrero, cuando un hombre de 68 años falleció tras haber estado más de dos meses en la UCI, tras ser agredido durante un partido de balonmano femenino cadete en diciembre del año pasado.

Adicionalmente, como parte de las medidas contempladas en el proyecto de ley, se establecerán plazos para las infracciones y la prescripción de sanciones, de acuerdo con la normativa vigente en materia jurídica del sector público. Estos plazos varían según la gravedad de las infracciones, abarcando desde 3 años para las más graves hasta 6 meses para las infracciones leves.