La vista continuará el lunes con el interrogatorio de los acusados, entre ellos Juan Carlos Santórum, considerado el cabecilla

VIGO, 19 Abr.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha decidido este viernes seguir adelante con el juicio contra los 28 acusados por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína transportadas por el buque MV Karar en abril de 2020, en plena pandemia de Covid, a pesar de las solicitudes de suspensión por parte de las defensas. Estas pedían posponer el juicio hasta que pudiera declarar el principal testigo policial, un exjefe de GRECO que está siendo investigado por un juzgado de Murcia por presuntos nexos con redes de narcotráfico.

El tribunal ha determinado que no hay razones para aplazar el juicio y ha anunciado que resolverá todas las cuestiones previas planteadas por las partes durante las primeras jornadas del juicio, que se está llevando a cabo en la sección quinta de la Audiencia, en Vigo. De esta manera, la vista continuará el lunes con el interrogatorio de los acusados.

En el banquillo se encuentran los 15 tripulantes del MV Karar, la mayoría provenientes de Nepal y Bangladesh, junto con un gallego, además de otras trece personas detenidas en tierra, incluido el presunto líder de la organización, Juan Carlos Santórum, su hermano y otras personas cercanas, y un funcionario de Vigilancia Aduanera con su esposa.

En la jornada de hoy, el Fiscal ha presentado sus argumentos sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas, que impugnaron varias decisiones judiciales y actuaciones, alegando la vulneración de derechos fundamentales de los acusados.

Asimismo, las defensas habían pedido la suspensión del juicio hasta que el exjefe del GRECO, actualmente de baja médica, pudiera declarar, ya que se trata de un testigo crucial. Varios abogados han cuestionado sus acciones en este caso, considerando que está siendo investigado y hay sospechas sobre su presunta implicación en delitos.

El representante del Ministerio Público ha respondido a los argumentos de las defensas afirmando que no se violaron los derechos de los acusados y que las actuaciones realizadas fueron totalmente autorizadas y justificadas.

El Fiscal ha defendido que la investigación operativa en este caso estaba en curso desde 2019 y que ya había acciones policiales antes de que la DEA alertara a la Policía sobre el transporte de cocaína en el MV Karar desde Panamá a España. Además, ha argumentado que había pruebas para justificar intervenciones como las escuchas telefónicas o las vigilancias.

El ministerio público está acusando a todos los implicados de delitos contra la salud pública en relación con drogas que causan daño grave a la salud, con agravantes por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con conexiones internacionales; además de un delito de integración en organización criminal. También se imputa a una pareja un delito de blanqueo de capitales, y a un acusado al que se le incautó un arma, se le acusa de tenencia ilícita de armas.

Para el supuesto líder de la organización, se solicita una pena de 18 años y medio de cárcel, junto con una multa de 438 millones de euros; mientras que para los demás, se piden 13 años y medio de prisión (dos años adicionales para el acusado por tenencia de armas) y multas de 400 millones de euros.

En el caso del funcionario de Aduanas, la petición de pena se incrementa en 6 años por blanqueo y se solicitan dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su esposa, la Fiscalía también pide prisión por blanqueo, sumando un total de 19 años y medio de cárcel para ambos.

De los 28 acusados, 16 se encuentran en prisión: 14 tripulantes de Nepal y Bangladesh, el gallego Ismael C.B. (aunque está encarcelado por otro caso) y el colombiano René R.R. Los tripulantes serán puestos en libertad el próximo 25 de abril, al agotarse el máximo de cuatro años en prisión preventiva.