La jueza del Tribunal de Instancia de Cambados ha cerrado la instrucción de la denominada 'Operación Ceira', que giró en torno a la actividad delictiva de un grupo de 11 individuos, con vínculos en Portugal, implicados en el tráfico de drogas y el contrabando de lanchas utilizadas para el narcotráfico en la provincia de Pontevedra.

En enero de 2024, la magistrada solicitó el respaldo de Eurojust, la entidad de la Unión Europea que se encarga de la cooperación judicial penal, para establecer un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) junto a las autoridades portuguesas, con el fin de avanzar en la indagación.

Durante el proceso, la jueza ha indicado que se han llevado a cabo diligencias que aportan pruebas suficientes sobre la supuesta implicación de varios de los denunciados en diversos delitos.

El tribunal ha decidido continuar con el procedimiento abreviado contra seis de los investigados, a quienes se les imputan posibles cargos de contrabando de embarcaciones consideradas ilegales, además de delitos relacionados con el tráfico de drogas que no presentan un grave daño a la salud, fraude eléctrico y otros dos casos de narcotráfico que sí ocasionarían riesgos graves para la salud pública.

Asimismo, se ha dispuesto que se remita la información al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares involucradas, para que puedan solicitar la apertura de juicio oral o, alternativamente, el sobreseimiento del caso, o la realización de diligencias adicionales si se considera necesario.

La fase de explotación de esta operación tuvo lugar en octubre de 2024, afectando a zonas de O Salnés, A Coruña y Portugal, resultando en la detención de aproximadamente veinte personas y la desarticulación de una red criminal que operaba entre Galicia y el norte de Portugal, con tentáculos que llegaban hasta Huelva.

En el marco de este operativo, se realizaron 19 registros donde se intervinieron cuatro lanchas de alta velocidad usadas en el narcotráfico, una suma considerable de 150.000 euros en efectivo, tres vehículos modificados para ocultar su contenido, así como material informático y teléfonos móviles.

Las autoridades también descubrieron instalaciones en Sanxenxo y A Illa de Arousa, donde se llevaban a cabo procesos de fabricación de estas embarcaciones ilegales.

La investigación se inició a finales de 2022, cuando los agentes detectaron la existencia de una organización criminal bien estructurada, dedicada a la construcción y alistamiento de lanchas de alta velocidad para introducir grandes cantidades de drogas en el territorio nacional.

Entre sus logros, las fuerzas de seguridad lograron impedir la botadura de dos embarcaciones preparadas para el narcotráfico: una en septiembre de 2023 en el río Miño, en la freguesía de Lanhelas (Portugal), y otra el 1 de febrero de 2024 en la localidad de Moguer, Huelva.